MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en Reino Unido, Sacha Deshmuj, ha criticado al Ejecutivo de Boris Johnson por presentar ante el Parlamento británico un proyecto de ley que permitiría ignorar los mandatos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH).
"Creer que estamos dispuestos a obtener derechos a través de esta legislación requiere acrobacias mentales serias", ha dicho, agregando que el Gobierno británico "se resiste cada vez más al escrutinio legal", en un largo artículo publicado en el diario 'The Guardian'.
Así, ha explicado que, tras la detención del avión con solicitantes de asilo hacia Ruanda, la ciudadanía ha sido testigo "de amargos ataques contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) que podrían haber venido directamente de Viktor Orbán (presidente de Hungría) o Vladimir Putin (presidente de Rusia)".
Finalmente, Deshmuj ha subrayado que "si el Gobierno piensa que quitar los derechos de la gente común en este país con el golpe de una pluma será popular, se equivoca". "Como se ha advertido repetidamente, cualquier cambio significativo en la Ley de Derechos Humanos podría constituir una violación del acuerdo del Viernes Santo, alterando un delicado equilibrio de paz", ha agregado.
Bajo la Declaración de Derechos propuesta por el Ejecutivo de Boris Johnson, Londres podría ignorar los mandamientos judiciales impuestos por Estrasburgo, conocidos como órdenes de la Regla 39, tal y como ha recogido la cadena BBC.
La legislación, que funcionará como sucesora de la Ley de Derechos Humanos, afirma que el Supremo es quien tomará las decisiones finales sobre cuestiones de Derechos Humanos en Reino Unido y que el país no siempre tiene que seguir la jurisprudencia del TDEH.
Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una campaña para concienciar sobre esta ley, que "debilitará seriamente" los derechos de los ciudadanos y llevará de vuelta al país "a la década de 1950", según ha dicho en su perfil oficial de Twitter.
"Detrás de todo el lenguaje técnico, el Gobierno de Reino Unido está tratando de desmantelar nuestra Ley de Derechos Humanos, dejándonos con un caparazón vacío que debilitará seriamente nuestros propios derechos y solo mejorará las cosas para quienes están en el poder", ha dicho en un comunicado.
La intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ante la salida de un avión con solicitantes de asilo hacia Ruanda, en virtud del acuerdo de Londres con dicho país, ha reavivado el debate en Reino Unido sobre una posible salida del país de la Convención Europea de Derechos Humanos.
SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por otro lado, esta Declaración de Derechos impulsará, según indicó este martes el Ejecutivo británico en un comunicado, la libertad de expresión y de prensa, ya que contiene una sección que limita el poder de los tribunales para exigir la divulgación de fuentes periodísticas.
Sin embargo, la ONG Índice de Censura, así como otras organizaciones partidarias de la libertad de expresión, han acusado al Gobierno británico de vender "una falsa narrativa", tal y como ha recogido el diario 'The Guardian'.
"Si el Gobierno se toma en serio su supuesto objetivo de fortalecer la libertad de expresión en Reino Unido, debería centrar su atención en reformar una serie de leyes y propuestas legislativas problemáticas que ha presentado", ha dicho en un comunicado conjunto.
Por este motivo, han instado al Gobierno a "abandonar cualquier propuesta que reemplace o debilite la Ley de Derechos Humanos" y han urgido al Ejecutivo a que sigan "los procedimientos normales para introducir una nueva ley".
Por su parte, el viceprimer ministro, y secretario de Estado de Justicia, Dominic Raab, defendió este martes que la Declaración de Derechos "fortalecerá" la tradición de libertad en Reino Unido al tiempo "que inyectará una buena dosis de sentido común en el sistema".
"Estas reformas fortalecerán la libertad de expresión, nos permitirán deportar a más delincuentes extranjeros y protegerán mejor al público de los delincuentes peligrosos", indicó en un comunicado difundido este martes por el Gobierno británico.