MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha denunciado este lunes el "fracaso moral catastrófico" de los dirigentes mundiales, en particular de los países ricos, ante la crisis de refugiados, ya que apenas una décima parte de los 1,14 millones de refugiados está siendo reasentada en países desarrollados.
"Las crisis globales múltiples de refugiados están dejando a millones de personas en una situación desesperada, pero la respuesta de los países ricos ha sido un fracaso catastrófico. La historia juzgará con dureza a los actuales dirigentes mundiales, a menos que cambien de actitud", ha afirmado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
La organización denuncia que la respuesta ha sido "vergonzosa" en particular por parte de los países ricos, mientras que los países pobres acogen sin prácticamente ningún apoyo a millones de personas refugiadas. En ese sentido, denuncia la cantidad de titulares que ha acaparado la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa a pesar de que acogen a una porción muy pequeña de éstos.
Así recuerda que además no se están cubriendo las necesidades planteadas por organismos internacionales para atender a los refugiados y pone como ejemplo el caso de Siria, ya que se ha financiado el 46 por ciento del llamamiento de la ONU, o de Sudán del Sur, donde alcanza un "triste" 17 por ciento.
"En lugar de estar a la altura del desafío que plantea esta crisis sin precedentes, muchos gobiernos se han dedicado a idear maneras de mantener a la gente fuera de sus fronteras, mientras miles de personas mueren en el mar o soportan condiciones de miseria a la sombra de las vallas de concertinas. Es una bancarrota moral de primer orden", ha asegurado Shetty.
PLAN DE OCHO PUNTOS
Para Amnistía, la solución a esta situación pasa por abordar las crisis que generan el movimiento de los refugiados y desplazados, tales como los conflictos o los abusos graves de los Derechos Humanos, pero reconoce "estas metas son difíciles de alcanzar y llevan tiempo", por lo que propone un plan de ocho puntos para "amortiguar el devastador impacto de las crisis de refugiados".
El primer punto es una financiación "continua, suficiente y predecible" que aporte recursos a los países de acogida; el segundo es satisfacer las necesidades de reasentamiento planteadas desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); el tercero es proporcionar rutas seguras y legales para que los refugiados y migrantes no tengan que arriesgar sus vidas para buscar su derecho al refugio.
La cuarta propuesta es "salvar vidas", ya que la vida humana debe estar "por encima de la aplicación de las políticas de inmigración" y la quinta es garantizar el acceso al territorio eliminando barreras, devoluciones en caliente o necesidad de visados. El sexto punto es combatir la xenofobia y el racismo y recomienda acabar con insinuaciones sobre que los extranjeros son culpables de los problemas económicos y sociales.
Los dos últimos son la lucha contra la trata de personas, que incluye prestar asistencia a las víctimas de ésta, y ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el establecimiento de sistemas nacionales sólidos de ayuda a las personas refugiadas: los Estados deben garantizar los derechos fundamentales y el acceso de los refugiados a servicios tales como la educación y la atención médica.
SITUACIÓN EN ESPAÑA
Amnistía recuerda que según datos de EUROSTAT, la oficina de estadísticas de la UE, España ha recibido 16.000 solicitudes de asilo entre enero de 2013 y junio de 2015 y que de ellas quedan pendientes de resolución 12.000.
"Hasta ahora, la respuesta del gobierno español a las solicitudes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para reasentar personas refugiadas ha sido realmente decepcionante: entre los años 2013 y 2015 sólo se han ofrecido 260 plazas", destaca.
Por ello, considera que "la respuesta (de España) a las personas que huyen de la guerra y el horror deja mucho que desear". En concreto cita la situación en Ceuta y Melilla, con el "hacinamiento" en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), la falta de atención médica y psicológica o la ausencia de mecanismos para la identificación de las víctimas de trata. En particular, Amnistía denuncia las "expulsiones sumarias" en Ceuta y Melilla de personas migrantes y refugiadas.
AI también hace una mención especial a la cuestión de la limitación de la libertad de movimiento de los inmigrantes y solicitantes de asilo y recuerda que hay varias sentencias que recuerdan al Estado que no se puede impedir a los solicitantes de asilo admitidos a trámite circular libremente por todo el territorio del país.
"Amnistía Internacional ha reiterado que se debería revisar el sistema de asilo español, que garantice que está en línea con el marco internacional de derechos humanos", concluye.