Actualizado: lunes, 16 enero 2017 5:45

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha hablado este domingo de "día oscuro para los Derechos Humanos en Bahréin", tras la ejecución de tres personas condenadas por terrorismo.

"Estas ejecuciones, las primeras llevadas a cabo desde 2010, son un paso profundamente reaccionario para un país que han proclamado en repetidas ocasiones su compromiso con los Derechos Humanos", ha dicho la subdirectora de Campañas de AI, Samah Hadid.

Así, ha resaltado que "la pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante", agregando que "el hecho de que las ejecuciones hayan sido llevadas a cabo tras un juicio injusto y pese a las denuncias de que los hombres fueron torturados bajo custodia las hace aún más estremecedoras".

"En lugar de incrementar las ejecuciones, las autoridades de Bahréin deben establecer una moratoria inmediata a las mismas y trabajar para aboler la pena de muerte de una vez por todas", ha remachado.

Las ejecuciones han tenido lugar en la mañana de este domingo a través de un pelotón de fusilamiento, según ha confirmado el fiscal general de Bahréin para delitos de terrorismo, Ahmed al Hammadi, a la agencia estatal de noticias, BNA.

El Tribunal de Casación de Bahréin había confirmado el lunes la pena de muerte contra los tres condenados, acusados de la muerte de tres soldados en un atentado perpetrado en marzo de 2014 en la localidad de Daih.

La Fiscalía acusó a los condenados --Sami Mushaima, Abbas al Samea y Alí Abdulshahid al Singace-- de colocar una bomba y atraer a los agentes a la zona generando disturbios en la misma. Entre los muertos figura un coronel de nacionalidad emiratí.

El Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) criticó entonces el fallo, recalcando que "las autoridades obtuvieron confesiones utilizando torturas" y agregando que "no se garantizó que el proceso fuera justo".

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.

En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.

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