AI recuerda a Colombia su obligación de perseguir los crímenes del conflicto pese al acuerdo de paz

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha calificado este jueves de "rayo de esperanza" el acuerdo sobre justicia transicional alcanzado por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pero ha recordado al Estado que un eventual acuerdo de paz no le exime de perseguir los crímenes y abusos a los Derechos Humanos cometidos durante el conflicto.

El acuerdo, ha señalado en un comunicado, "trae un rayo de esperanza a los millones de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y abusos cometidos durante los 50 años de conflicto armado" pero "las vagas definiciones y las potenciales amnistías hacen temer que no todos los que han abusado de los Derechos Humanos se enfrentarán a la justicia".

Para Amnistía, la única manera de que Colombia pueda seguir adelante es "garantizar que todos los responsables de torturas, asesinatos, desapariciones forzosas, delitos de violencia sexual o desplazamiento forzoso de millones de personas en el país rindan cuentas por sus crímenes".

La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas, ha celebrado que la paz esté "cerca" pero ha subrayado que aún hay "muchas cuestiones sin resolver en lo relativo a garantizar que las muchas víctimas recibirán verdad, justicia y reparación conforme al Derecho Internacional".

En este sentido, ha recordado que "Colombia tiene una obligación de investigar y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesar a todos los sospechosos de responsabilidad penal por crímenes bajo el Derecho Internacional". "Esta obligación no es negociable, incluso en el contexto de un proceso de paz", ha subrayado Guevara-Rosas.

INVESTIGACIÓN PENAL INDEPENDIENTE

Así las cosas, Amnistía ha reclamado una investigación penal independiente para "garantizar que los que se beneficien de amnistías no estén implicados en violaciones y abusos a los Derechos Humanos".

Igualmente, ha pedido al Gobierno colombiano que garantice que "cualquier acuerdo de paz con las FARC no sigue el mismo camino que la desmovilización de los grupos paramilitares que comenzó en 2005 bajo la Ley de Justicia y Paz".

Según ha recordado la organización, en virtud de dicha ley alrededor del 90 por ciento de los 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron recibieron amnistías 'de facto' sin que se investigara previamente su posible implicación en delitos bajo el Derecho Internacional.

Del 10 por ciento restante que se enfrentaron a investigaciones penales, solo unos pocos han sido llevados a juicio una década después, ha lamentado, incidiendo en que además muchos paramilitares nunca se desmovilizaron.