AI ve una "absoluta falta de independencia judicial" en la condena a Leopoldo López

HRW dice que los condenados son inocentes y denuncia las "gravísimas violaciones" del derecho al debido proceso durante el juicio

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha asegurado este viernes que la condena de trece años y nueve meses de prisión impuesta por un tribunal venezolano al dirigente opositor Leopoldo López "muestra la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial" en el país.

"Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único 'crimen' es ser líder de un partido opositor en Venezuela," ha asegurado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

"Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado en primer lugar. Es un prisionero de consciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente", ha subrayado, en un comunicado. "Con esta decisión, Venezuela está eligiendo ignorar principios básicos de derechos humanos y dando una luz verde a más abusos", ha explicado.

Por su parte, Human Rights Watch ha dicho que el caso contra López y tres estudiantes venezolanos ha sido "una farsa" y ha tildado de "infundada" la condena. En su opinión, la sentencia "muestra el deterioro extremo del estado de derecho en Venezuela". "El juicio estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso y no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito", ha asegurado la organización no gubernamental, en un comunicado.

Este jueves, un tribunal venezolano condenó a López a trece años y nueve meses de prisión por los delitos de instigación pública y asociación para delinquir cometidos en el marco de una manifestación celebrada en Caracas el 12 de febrero de 2014. Además, tres estudiantes cuyas causas se acumularon a la de López también fueron condenados, dos de ellos a cuatro años y seis meses de cárcel y el tercero a más de diez años.

"Este caso es una farsa", ha asegurado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. "En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente", ha explicado.

HRW ha recordado que tuvo acceso al expediente del caso de López y "no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados". "El equipo de defensores de López dijo a Human Rights Watch que la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público", ha señalado la ONG.

EL PODER JUDICIAL YA NO ES "INDEPENDIENTE", SEGÚN HRW

HRW ha subrayado que el poder judicial venezolano "ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno desde que, en 2004, el entonces presidente, Hugo Chávez, y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia".

"Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y han emitido reiteradamente pronunciamientos a favor de este, avalando la indiferencia del gobierno por los Derechos Humanos", ha denunciado.

En este sentido, ha recordado que "la mayoría de los jueces venezolanos no gozan de estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos por medio de mecanismos que no respetan garantías básicas de debido proceso". "Esto deja abierta la posibilidad de que sean destituidos como consecuencia de las decisiones que adopten, lo cual contradice estándares internacionales básicos de derechos humanos y socava gravemente la independencia judicial en el país, ha advertido.

"Hemos visto la violenta represión de manifestantes pacíficos el año pasado, la complicidad de fiscales que iniciaron causas penales contra las víctimas sin tomar en cuenta signos evidentes de que habían sufrido abusos, y ahora presenciamos la condena de tres estudiantes y un prominente político de oposición sobre la base de imputaciones absolutamente infundadas", ha afirmado Vivanco.

"¿Qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al gobierno de Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos?", ha concluido.