El Alto Tribunal de Kenia impide el despliegue de la fuerza policial del país en Haití

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Tribunal de Kenia ha impedido este viernes el despliegue de la fuerza policial keniana que iba a abanderar la llamada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad para contener la ola de violencia criminal que lleva años sacudiendo Haití al entender que el Consejo de Seguridad Nacional keniano, responsable del envío del contingente, en realidad no tiene competencias para desplegar a policías fuera del país.

El magistrado responsable del dictamen, Enock Mwita, se ha amparado en el artículo 240 de la Constitución keniana para impedir el despliegue policial en un caso presentado inicialmente por el opositor Ekuru Aukot, líder de la Alianza por la Tercera Vía. La oposición también había manifestado su rechazo al coste económico del despliegue, estimado en 91.000 millones de chelines, aproximadamente 550 millones de euros.

El Consejo de Seguridad Nacional, esgrime el magistrado, solo está capacitado para desplegar fuerzas defensivas y no a efectivos de los servicios de seguridad, de ahí que "carezca de mandato alguno para el despliegue del Servicio Nacional de Policía", concretamente los 1.000 efectivos que se mantenían a la espera de su actuación en Haití, pendientes del dictamen del tribunal, finalmente en contra.

Haití lleva meses prácticamente en manos de las bandas criminales, en particular desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021. Los asesinatos y los secuestros están a la orden del día especialmente en la capital, Puerto Príncipe, y sus barriadas más importantes como Cité Soleil.

Entre los últimos secuestros se encuentran los de seis religiosas que acabaron en manos de hombres armados el pasado fin de semana y finalmente fueron liberadas el miércoles después de que el Papa Francisco rogara en público a sus captores el pasado domingo para que las dejaran en libertad, de acuerdo con fuentes propias de los principales medios haitianos, como AlterPresse o Loop.

Los secuestradores exigían a la orden de las religiosas, la Congregación de Santa Ana, un rescate de tres millones de dólares (2,7 millones de euros), pero se desconoce si han terminado pagándolo.