Amnistía acusa a Birmania de llevar a cabo un apartheid contra los rohingya

La organización denuncia que Rajine es "una prisión al aire libre" y que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una limpieza étnica

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La minoría musulmana rohingya en Birmania se encuentra atrapada en "en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid", ha denunciado Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que se analizan las causas fundamentales de la crisis en el estado de Rajine, que ha provocado el éxodo de más de 600.000 rohingya hacia el vecino Bangladesh.

El informe 'Enjaulados sin un techo' es resultado de dos años de investigación por parte de la organización que han puesto de manifiesto que las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de los rohingyas en Rajine, confinándoles a una existencia similar a la que se vive en un gueto, con dificultades para acceder a atención médica y educación y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo.

"La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid", ha sostenido rotunda la organización de defensa de los Derechos Humanos, que no duda en calificar el estado de Rajine de "prisión al aire libre".

La directora general de Investigación de Amnistía Internacional, Anna Neistat, ha denunciado que las autoridades birmanas "mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid" en el que "se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años".

En opinión de Neistat, "este sistema parece concebido para hacer que la vida de las personas rohingyas sea lo más desesperada y humillante posible". Según la responsable de Amnistía, "la brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de los últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud atroz".

"Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como las que han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles", ha defendido, reclamando la necesidad de abordar las causas fundamentales detrás de la crisis actual "para acabar con el ciclo de abusos y permitir que las personas refugiadas rohingyas vuelvan a una situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad".

DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA

La investigación llevada a cabo por Amnistía ha constatado que aunque la discriminación sistemática contra los rohingya viene de larga data, ésta se ha intensificado desde 2012, cuando se produjeron enfrentamientos entre las comunidades budista y musulmana.

Según ha explicado la ONG, los rohingya están aislados del mundo exterior y sometidos a restricciones a su libertad de circulación, impuestas mediante una serie de órdenes que las autoridades aplican "exhibiendo un comportamiento abiertamente racista".

En concreto, hay una norma que exige a los extranjeros y "las razas bengalíes", como se califica peyorativamente a los rohingya, permisos especiales para viajar entre municipios, a lo que se suman toques de queda arbitrarios en las zonas predominantemente rohingyas. Asimismo, en algunas zonas no se les permite usar las carreteras, por lo que solo pueden desplazarse por vías fluviales y únicamente a otros pueblos musulmanes.

Las restricciones de movimientos tienen un impacto en las posibilidades de gran parte de la población rohingya de ganarse la vida o llevar suficiente comida a casa. El resultado de ello es que, según Amnistía, "la malnutrición y la pobreza se han convertido en norma entre la población rohingya", algo que se ha visto agravado con la decisión de las autoridades de "limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria".

ACOSO, AGRESIONES FÍSICAS Y DETENCIÓN

Para los pocos que consiguen desplazarse, los frecuentes controles que opera principalmente la Policía de Fronteras, son un peligro constante donde es habitual que sufran acoso, agresiones físicas y detención, y se las obligue a pagar sobornos, según Amnistía.

Mientras investigaban para el informe, el equipo de Amnistía Internacional vio en un control a un policía de fronteras dando puntapiés a un rohingya y documentó al menos un caso de ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan los rohingyas es el acceso a atención médica en un estado donde la calidad de hospitales y clínicas ya es en general precaria. Así, ha denunciado, los rohingya tienen prohibido acudir al hospital de Sittwe, la capital estatal, a recibir tratamiento y les instan a ir a Bangladesh. "La mayoría de la gente no puede pagárselo y terminan muriéndose", ha contado un testigo.

Fuera de Rajine, los rohingya tienen que acudir a "salas para musulmanes" en los centros de salud donde las condiciones son como las de un "hospital penitenciario" y donde en ocasiones se les exige el pago de sobornos para recibir atención.

"Negar a la población rohingya el acceso a la atención médica es aberrante; hablamos con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en condiciones insalubres, que correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en los hospitales", ha subrayado Anna Neistat.

También se han endurecido para los rohingya las restricciones al acceso a la educación desde 2012. Así, en buena parte de Rajine los niños rohingya ya no pueden acudir a las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del Gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas.

Por otra parte, la prohibición de reuniones de más de cuatro personas, que se aplica específicamente en las zonas de mayoría musulmana, supone en la práctica que los rohingya no pueden practicar de hecho su religión en grupo. Además, las autoridades han cerrado mezquitas.

NEGACIÓN DE LA NACIONALIDAD

Amnistía ha criticado en particular la negación de la nacionalidad a los rohingya debido a su etnia y el hecho de que además las autoridades hayan lanzado una campaña deliberada para despojar a la población rohingya incluso de las limitadas formas de identificación con las que cuentan.

Así, desde 2016, se dificulta la inscripción de los recién nacidos en las "listas de hogares", que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohingyas de que residen en Birmania. Además, quienes no están en su domicilio durante las "comprobaciones de población" anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales.

"Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica de las personas rohingyas, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para quienes permanecen en el país como para las que desean regresar", ha reclamado Neistat. "No se puede pedir a los hombres y mujeres rohingyas que han huido de la persecución en Birmania que vuelvan a un sistema de apartheid", ha añadido.

Así las cosas, Amnistía ha recordado a Birmania que tiene la "obligación legal" de desmantelar el sistema de apartheid en Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

"El estado de Rajine es la escena de un crimen", ha asegurado Neistat, defendiendo que Birmani no puede alegar "alegar argumentos huecos sobre la necesidad de 'seguridad' o de combatir el 'terrorismo' para imponer más restricciones a la población rohingya". "La represión es ilegítima y totalmente desproporcionada. Los crímenes de lesa humanidad no pueden justificarse nunca, ni como 'medidas de seguridad' ni por ningún otro motivo", ha recalcado.