MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Angola, Helder Pitta Grós, ha prometido este lunes que el proceso judicial contra Isabel dos Santos, hija del expresidente José Eduardo dos Santos, por corrupción seguirá adelante a pesar de que no preste declaración la señalada, cuyo paradero desconocen las autoridades del país africano.
"Siempre contamos con que ella tendría que responder las notificaciones, le dimos oportunidad de responder, no queríamos apurar nada (..) pero después de casi cuatro años con el proceso parado, estancado, entonces hemos decidido seguir adelante", ha justificado el fiscal general desde Luanda.
En lo que respecta a la posibilidad de que Dos Santos declare, Grós ha explicado que si ella está disponible, "puede decir el lugar concreto en el que está y así enviarle una carta rogatoria para que sea escuchada". "Ya pasó en Países Bajos, no la aceptó, no sé dónde tendrá esa disponibilidad", ha dicho para la agencia Lusa.
Por otro lado, Grós ha confirmado que a principios de mes se emitió una orden de captura internacional para intentar lograr dar con el paradero de Dos Santos, quien la semana pasada dijo en una entrevista en la cadena alemana Deutsche Welle que esta causa judicial contra ella es un "encargo" del Estado angoleño en su contra.
"Si ella tiene evidencias y quiere defenderse, es en el proceso donde debe hacerlo, no puede hacerlo en redes sociales o en los medios de comunicación", ha subrayado Grós, quien han insistido en que el nuevo Código Procesal Penal del país permite seguir adelante con el proceso sin necesidad de su declaración.
En los informes conocidos como 'Luanda Leaks' se sostiene que Dos Santos, que llegó a ser la mujer más rica de África según la revista 'Forbes', en calidad de presidenta de la estatal Sonagol, obtuvo lucrativos contratos de la industria petrolera, de diamantes y telecomunicaciones durante la Presidencia de su padre.
La Fiscalía acusa a Dos Santos de haber provocado pérdidas al Estado angoleño por valor de más de 5.000 millones de dólares durante los 38 años que duró el gobierno de su padre. Como consecuencia de estas investigaciones sus activos en Angola y en Portugal han sido congelados.