MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha recordado el "atroz" historial de Arabia Saudí en el tratamiento de los derechos humanos justo en el momento en que el reino árabe asume este domingo la Presidencia del G20 con un programa en el que, dice, dará prioridad a la mujer, la juventud y el medio amibente.
"Esta organización insta a los miembros del G20 a que presionen a las autoridades saudíes para que pongan fin a su patrón de escandalosas violaciones de los Derechos Humanos", lamenta Amnistía.
"Los estados miembros del G20 que se benefician del comercio de armas con Arabia Saudí, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, deben considerar hasta qué punto son cómplices de las violaciones que comete Arabia Saudí en casos como la guerra de Yemen", lamenta la organización.
El reino desempeñará su presidencia bajo las líneas maestras de su programa "Aprovechar las oportunidades del siglo XXI para todos", y celebrará una cumbre en Riad los días 21 y 22 de noviembre del próximo año.
"Trabajaremos con nuestros socios del G20, nos esforzaremos por ofrecer acciones concretas y aprovecharemos las oportunidades que nos permitan enfrentar los desafíos del futuro", ha manifestado este domingo el príncipe heredero Mohamed bin Salman, citado por la agencia oficial de noticias saudí SPA.
Amnistía, por contra, recuerda que "las principales defensoras de los derechos humanos de las mujeres en el país están siendo juzgadas desde marzo de 2019" y que las autoridades saudíes "siguen deteniendo sin cargos a decenas de personas por su expresión pacífica o su apoyo a las reformas".
Como no podía faltar, Amnistía también recuerda que "más de un año después de la ejecución extrajudicial del periodista Yamal Jashogi", asesinado en el consulado saudí en Turquía el 2 de octubre de 2018, "no ha habido depuración de responsabilidades".
Por último, Amnistía resalta que, en abril de 2019, las autoridades llevaron a cabo una ejecución masiva de 37 hombres, "la mayoría después de juicios extremadamente injustos". Al menos 15 de los ejecutados dijeron al tribunal que sus "confesiones" extraídas mediante tortura, pero el tribunal no investigó sus denuncias.