Jueces y fiscales han denunciado una caza de brujas del Gobierno para que no acudan al 18-F
BUENOS AIRES, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Argentina se prepara este miércoles para acoger la llamada "marcha del silencio" para conmemorar el primer mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que ha resucitado los fantasmas del atentado contra la AMIA amenazando, incluso ya fallecido, la continuidad del Gobierno.
Las principales organizaciones de fiscales y jueces anunciaron el pasado 6 de febrero una gran marcha en Buenos Aires que recorrería el centro, desde el Congreso hasta la emblemática Plaza de Mayo, para rendir homenaje a su colega.
"Dada la consternación y el dolor de todos los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público, el Poder Judicial y toda la ciudadanía, queremos rendir un homenaje a nuestro compañero", dijo el fiscal Guillermo Marijuan.
La Policía Metropolitana calcula que habrá unos 300.000 manifestantes, por lo que el secretario de Seguridad, Sergio Beni, ha anunciado un importante despliegue para vigilar "que todo salga bien", revelando que, para evitar respuestas indebidas a "las provocaciones" los agentes no llevarán armas.
Sin embargo, la convocatoria inicial ha trascendido la esfera de fiscales y jueces. Solo en la provincia de Buenos Aires hay más de 130 marchas previstas. En el resto de ciudades argentinas, se esperan más de 70 concentraciones.
Al igual que la muerte de Nisman, el 18-F ha tenido eco en el exterior. Argentinos y extranjeros han convocado marchas en 27 países, entre ellos España, que acogerá dos manifestaciones en Madrid, una en Barcelona, otra en Valencia y otra en Palma de Mallorca.
"El próximo 18 de febrero será algo más que la marcha de los fiscales y los jueces, será la movilización de la sed de justicia, la de un nuevo tiempo que viene", se lee en la cuenta de Twitter de El Cipayo, uno de los convocantes.
TRASFONDO POLÍTICO
Además de para homenajear a Nisman, la marcha de este miércoles servirá para exigir una vez más que se aclaren las extrañas circunstancias de su muerte, ocurrida justo cuatro días después de que denunciara a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
El 14 de enero, Nisman presentó una denuncia de 300 páginas en la que acusa a Fernández de Kirchner y a varios miembros de su Gobierno de urdir un plan para que los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA eludieran la acción de la Justicia.
De acuerdo con el fiscal, el Gobierno habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.
El 18 de febrero, Nisman apareció muerto en su casa de Buenos Aires. Tendido en el suelo y con un disparo en la cabeza, las primeras hipótesis apuntaron a un suicidio, pero las sucesivas pruebas indican que fue un asesinato.
La Casa Rosada, que en un principio avivó la tesis del suicidio, ha atribuido la muerte de Nisman a un complot orquestado desde la Secretaría de Inteligencia (SI) por su ex jefe de Operaciones Antonio Stiusso, para derrocar a su Gobierno.
Lejos de estas teorías, el fiscal interino del caso AMIA, ha hecho suya la línea de investigación de Nisman y el pasado viernes imputó a Fernández de Kirchner y varios dirigentes oficialistas por cargos que podrían tenerles hasta tres años entre rejas.
"PASAN LISTA"
En este contexto, el Gobierno ha advertido de que la marcha del 18-F será "un acto opositor" cuyo verdadero objetivo es generar "impacto político" y "estrépito social" como parte de una "estrategia activa de desestabilización".
En un paso más, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, ha tachado de "narcos" a los convocantes y ha dicho que la política ultraderechista Cecilia Pando, que también ha apoyado la marcha, tiene "un brote antisemita fenomenal".
Según el jefe del Ministerio Público, Ricardo Sáenz, la oposición del Gobierno a esta marcha no se ha quedado solo en declaraciones, sino que "están pasando lista" a través de una serie de correos electrónicos enviados por fiscales afines para saber quién irá.
El diputado oficialista Jorge Landau incluso ha señalado que, aunque "todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, especialmente los políticos y sus partidos, cuando uno es funcionario del Poder Judicial debe tomar prevenciones".
"Me pregunto si los jueces que participen de la marcha habrán meditado respecto a la actitud que tomarán cuando sean recusados por intervenir en cuestiones políticas llevadas a su consideración por los mismos dirigentes opositores que son habituales litigantes ante sus estrados", ha cuestionado.
PERSONAJES DESTACADOS
Pero las advertencias del 'kirchnerismo' solamente han servido para generar una mayor expectación y que importantes personalidades argentinas --intelectuales, artistas y políticos-- hayan confirmado su asistencia.
Su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo, ha anunciado que "su familia participará respetando el original propósito con el que fue concebida: rendir silenciosamente un homenaje a su memoria". "Nuestra presencia se orienta a rendir un reconocimiento a la persona que fue y al funcionario cuya valiente entrega destacamos", ha recalcado.
En la misma línea se ha expresado el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Julio Schlosser. "La marcha ha de ser en silencio, sin consignas partidarias, por la memoria, la verdad y la justicia", ha considerado.
También estarán presentes políticos de primera línea, como el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa. "La marcha no puede ser ni leída ni entendida como política, sino como la expresión de deseo de millones de argentinos de que haya justicia. El grito del silencio va a retumbar en cada rincón del país", ha augurado.