BUENOS AIRES, 20 Ene. (Reuters/EP) -
Argentina ha declarado este martes la emergencia de seguridad pública por el lapso de un año para luchar contra la "situación de peligro colectivo" causada por el tráfico de drogas, según ha anunciado el Gobierno.
La resolución "incluye un fuerte control del espacio aéreo", ha dicho el comunicado de la administración de Mauricio Macri, quien ganó la Presidencia en noviembre tras una campaña en la que prometió mejorar la problemática economía del país y también luchar contra el narcotráfico.
"El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino", añade el comunicado de la Presidencia.
Argentina se ha convertido en un punto de despacho de cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia, la que está destinada a África y luego es enviada hacia destinos más lucrativos como Europa. La medida también refuerza la vigilancia de la frontera fluvial.
La decisión llega días después de la captura de tres fugitivos condenados por crímenes relacionados al narcotráfico, cuyo escape de la cárcel tuvo al país en vilo durante dos semanas y dio indicios de corrupción en las fuerzas de seguridad.
Argentina es uno de los mayores exportadores de alimentos a nivel global. A orillas del río Paraná, los muelles de Rosario son habitualmente usados para embarcar millones de toneladas de soja, trigo y maíz hacia todo el mundo.
Oficiales internacionales de la lucha contra los narcóticos llaman a Rosario "la Tijuana de Argentina", por su similitud con la ciudad fronteriza de México utilizada para trasladar cocaína hacia Estados Unidos.
Expertos dicen que la droga ingresa a Argentina por camión o avión desde el norte del país y es transportada a Rosario, donde pandillas pelean por el control de los últimos pasos hasta el río Paraná, que conecta con Buenos Aires hacia el sur y también es puerta de salida hacia el Océano Atlántico.
El año pasado, una escalada de los delitos vinculados al narcotráfico en Rosario llevó al Gobierno Federal a hacerse cargo del control de algunas partes de la ciudad de cerca de un millón de habitantes.