BUENOS AIRES, 6 Abr. (Reuters/EP) -
Argentina ha lanzado este martes una serie de proyectos de ley para combatir el crimen organizado, una de las prioridades fijadas por el Gobierno del presidente Mauricio Macri, puesto que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad junto con la inflación.
El anuncio de las medidas, que buscan facilitar la investigación y el proceso judicial de delitos relacionados con el lavado de dinero, se produce después de que Macri quedara en el ojo de la tormenta por el escándalo conocido como 'Papeles de Panamá'.
El paquete de normas, que deberá ser aprobado por el Congreso, crea un registro de informantes y un sistema para controlar entregas de drogas, a la vez que introduce modificaciones en la Justicia para liberar de tareas a jueces y permitirles acelerar los juicios, entre otros aspectos.
"El Gobierno está queriendo hacer un abordaje integral de la cuestión del crimen", ha señalado durante una rueda de prensa el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Con la llegada de Macri a la Casa Rosada el pasado mes de diciembre, Argentina ha dado varias señales de que busca detener el avance de delitos como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción.
Sin embargo, la imagen de transparencia del Gobierno sufrió un golpe el pasado fin de semana, cuando Macri quedó ligado a una sociedad 'offshore' por el caso 'Papeles de Panamá', a pesar de que el presidente aclaró públicamente que no había ninguna anormalidad en su situación.
A finales de marzo, el país firmó con Estados Unidos un acuerdo para volver a compartir datos para investigar el lavado de dinero.
"Hay una expectativa vinculada a los casos de corrupción, que se conecta con el problema del narcotráfico, porque nunca hubiese habido una penetración tan grande del crimen organizado en Argentina si no hubiese sido por los altos niveles de corrupción pública", ha explicado a Reuters el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
Desde el año 2000 en adelante no llegaron a 10 las condenas en el país por lavado de dinero, una ineficiencia que Federici pretende modificar gracias a la amplia cantidad de fuentes que se han acercado recientemente al organismo para denunciar casos de corrupción e irregularidades.
"Hay mucha gente con interés de hablar. Incluso con interés de utilizar la UIF como canal inicial para venir a aportar información con el fin de que después puedan presentarse ante la justicia", ha sentenciado.