Armenia se convierte formalmente en miembro del TPI

Rusia espera que su incorporación al organismo no afecte a sus relaciones bilaterales

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Armenia se ha convertido formalmente este jueves en miembro del Tribunal Penal Internacional (TPI) después de que el Parlamento armenio ratificara el pasado mes de octubre el Estatuto de Roma en medio de las tensiones con Rusia por su incorporación al organismo.

"El 1 de febrero de 2024, Armenia se convierte formalmente en el 124 Estado en el Tribunal Penal Internacional y el 19 Estado de la región de Europa del Este", ha anunciado el TPI en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

El Gobierno armenio puso en marcha el proceso de ratificación del tratado en diciembre de 2022 cuando el ministro de Justicia, Grigor Minasián, confirmó que había tomado medidas pertinentes para la ratificación final del estatuto, que sí contaba con la firma de Armenia desde 1999.

Las autoridades pidieron entonces al Constitucional verificar si el estatuto cumplía con la Carta Magna actual, adoptada en 2015, dado que el proceso se había paralizado en 2004 cuando la corte dictaminó que no casaba con la Constitución de 1995.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado este jueves que este paso es un "derecho soberano de Armenia", si bien ha expresado preocupación ante la posibilidad de que la relación bilateral empeore.

"Es importante para nosotros que ese tipo de decisiones no afecten negativamente tanto 'de iure' como 'de facto' a nuestra relación, que valoramos y queremos desarrollar", ha indicado en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias TASS.

Moscú tildó previamente de "extremadamente hostil" la decisión de Ereván de unirse al organismo puesto que su incorporación formal implica que las autoridades estarían obligadas a detener al presidente ruso, Vladimir Putin, en el caso de que visite el país, si bien el representante armenio para asuntos jurídicos internacionales, Yeghise Kirakosián, afirmó que esto no se dará.

El tribunal emitió el pasado mes de marzo una orden de arresto en su contra por supuestos crímenes de guerra relacionados con la deportación forzada de menores ucranianos desde los territorios temporalmente ocupados en el marco de la guerra de Ucrania, desatada en febrero de 2022.