Arranca el juicio en Camboya contra una líder sindical y otros ocho activistas

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camboya han iniciado un juicio contra nueve miembros del sindicato de la empresa NagaWorld, incluida su presidenta, Chhim Sithar, según ha comunicado este martes la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha exigido la "inmediata e incondicional liberación" de los detenidos, así como la retirada de todos los cargos.

Tanto Sithar como los otros ocho miembros del sindicato han sido interrogados sobre sus actividades huelguistas y por sus diferentes vías de financiación, y han sido acusados de "incitar a la perturbación de la seguridad".

La presidenta del sindicato ya había sido detenida "de forma violenta" y, entre los cargos que se le imputan, figuran la "incitación a cometer delitos graves".

"Las autoridades camboyanas están realizando un mal uso del sistema de justicia para marcar a una presidenta y otros activistas por los derechos laborales", ha declarado HRW.

Camboya celebrará sus elecciones nacionales este 2023, y este tipo de actuaciones están enviando un mensaje sobre la libertad de reunión, según Human Rights Watch. Además, la ONG opina que estas detenciones violentas han empezado a convertirse en una práctica "preocupante" contra activistas por los Derechos Humanos.

"Las autoridades intentan asustarnos. No temo ser arrestada de nuevo. Aun cuando no estoy en prisión, no puedo ejercer mi derecho a ser una líder sindical. No puedo rendirme por la amenaza de cárcel. Tengo que aguantar por los derechos de los trabajadores", declaró Sithar tras su detención el 3 de enero de 2022.

En el momento en que la sindicalista intentaba unirse a una huelga contra el Casino NagaWorld en Nom Pen, las autoridades "la agarraron del cuello y la arrastraron a un coche", y la mantuvieron en detención durante 74 días. El juicio continuará el 21 de marzo.

Human Rights Watch ha explicado que los trabajadores no pueden ser discriminados ni criminalizados por participar en actividades sindicales, y que el Gobierno de Camboya está obligado a cumplir con las leyes internacionales que protegen este derecho.