Arresto en Londres del jefe de la inteligencia ruandesa: diferencias con el caso Pinochet

El caso recuerda al proceso contra Pinochet, pero en esta ocasión el Gobierno británico no tiene competencia en la decisión final

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La entrega a España del jefe de los servicios secretos de Ruanda, Karenzi Karake, detenido en Londres en junio pasado en virtud de una orden europea de arresto emitida por el juez español Fernando Andreu, dependerá en exclusiva de la decisión que adopte la justicia británica. La vista está fijada para los próximos 29 y 30 de octubre.

A diferencia de lo que ocurrió con la detención y petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet por parte del magistrado Baltasar Garzón en los años 1998-2000, el Gobierno británico no tiene en esta ocasión competencia para impedir la entrega, si los jueces la autorizan.

La diferencia entre un caso y otro, explica a Europa Press el abogado Joan Garcés, impulsor del proceso a Pinochet que permitió su arresto en Londres en 1998, es que la petición de extradición del dictador chileno se hizo al amparo del Convenio Europeo de Extradición vigente en ese momento, que daba al ministro británico del Interior la última palabra en materia de extradición.

Así, aunque el juez británico Ronald Bartle del tribunal londinense de Bow Street autorizó la extradición, el Gobierno británico pudo evitarla liberando a Pinochet por razones humanitarias, alegando que, según informes médicos, el general no estaba en condiciones mentales de afrontar un juicio.

En cambio, en el caso que afecta al militar ruandés, su arresto se produce en el marco de una orden europea de detención, que circunscribe la decisión al ámbito "estrictamente judicial". "La ley no le confiere al Gobierno competencia para decir no si la decisión de los jueces es que procede la extradición", subraya Garcés.

A este abogado la demanda de Andreu respecto de Karake le parece "legalmente sólida" e "igualmente la obligación británica de conceder la extradición" si bien, precisa, la decisión final dependerá del desarrollo del propio procedimiento judicial en Reino Unido.

De la misma opinión que Garcés es su colega Manuel Ollé, promotor de la querella del 'caso Ellacuría' que persigue el asesinato de seis jesuitas españoles en El Salvador en 1989. La petición de entrega de Karake a España "debe prosperar", afirma. En su opinión, el instrumento procesal utilizado para pedir su entrega, la orden europea de detención, "cumple todos los requisitos" para que se atienda la petición.

Tampoco la última reforma de la ley de justicia universal española resta posibilidades de prosperar a la demanda de Andreu pues "al haber víctimas españolas" en los delitos que se le imputan a Karake --haber ordenado el asesinato de tres cooperantes españoles de Médicos del Mundo-- "se justifica plenamente la jurisdicción española", opina Ollé.

NO TIENE INMUNIDAD

Los dos abogados coinciden también a la hora de rechazar que el militar ruandés pueda librarse de la extradición por una supuesta inmunidad diplomática. Y es que, según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, solo los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Exteriores en ejercicio tienen inmunidad frente a una orden de detención a efectos de extradición ordenada por un juez de instrucción.

Tras la detención de Karake el 20 de junio pasado, el Gobierno ruandés puso el grito en el cielo y denunció que el proceso abierto en España con respecto a un total de 40 altos y exaltos cargos del país procesados por terrorismo, crímenes contra la humanidad y genocidio responde a motivaciones políticas.

"¡La solidaridad europea a la hora de humillar a los africanos es inaceptable!. Es una salvajada arrestar a un funcionario ruandés basándose en una locura progenocida", escribió en su cuenta en Twitter la ministra ruandesa de Exteriores, Louise Mushikiwabo.

Unos días después, la Unión Africana reclamó la liberación inmediata de Karake y consideró una "amenaza" a la "seguridad y la estabilidad de Ruanda y de toda África" su detención en Londres, además de una "violación de la soberanía y la integridad territorial de los Estados africanos".

Para muchos, Karenzi Karake "es un héroe, un miembro principal del Frente Patriótico Ruandés que terminó con el genocidio de Ruanda en 1994", que acabó en tan solo cinco meses con la muerte de entre 800.000 y un millón de ruandeses de la etnia tutsi (y también con algunos hutus moderados) por parte de hutus extremistas, explica Anneke van Woudenberg, de la división para Africa de Human Rights Watch. "Pero para otros, (Karake) es responsable de muchos asesinatos y otros abusos en la época posterior al genocidio", añade esta experta.

En su auto de procesamiento, el juez Andreu acusa al Frente Patriótico Ruandés de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil, en su mayoría de la etnia hutu.

El auto del magistrado ha sido criticado por ocuparse solo de los crímenes de los tutsis contra los hutus, olvidando el genocidio anterior cometido por extremistas hutus principalmente contra la minoría tutsi. De hecho, un cable del embajador norteamericano en Ruanda del año 2008 desvelado por Wikileaks describe el sumario del juez Andreu como "escandaloso y erróneo".

"El proceso español a los 40 militares ruandeses ofrece una versión irreconocible de uno de los episodios más dolorosos y violentos de la historia de Ruanda, distorsionando la verdad establecida, inventando matanzas", agregaba el diplomático.