Bachelet alerta de que el "baño de sangre" en el centro y el este de Sudán del Sur pone en riesgo la paz

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos - Violaine Martin/UN Geneva/dpa
Publicado: viernes, 20 marzo 2020 13:14


MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación por la creciente ola de violencia intercomunitaria en el centro y el este de Sudán del Sur y ha advertido de que, a menos que el nuevo Gobierno de unidad actúe para frenar este "baño de sangre", la anhelada paz podría estar en peligro.

Según los datos de los que dispone su oficina, cientos de personas han sido asesinadas, numerosas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual y muchas viviendas han sido quemadas, lo que ha empujado a miles de personas a refugiarse en campamentos improvisados desde que los ataques se recrudecieron a mediados de febrero.

Al aumento de la violencia parece haber contribuido el incremento en el número y el tipo de armas usadas por clanes rivales, así como la aparente falta de respuesta de las autoridades, tanto locales como nacionales, incluidas las fuerzas de seguridad, según el comunicado de la Alta Comisionada.

Bachelet ha subrayado que la formación del nuevo Gobierno de unidad el pasado 22 de febrero "aumentó las esperanzas entre los sursudaneses de una paz duradera". "Sin embargo, para que se mantenga una paz duradera hay que atajar la violencia intercomunitaria y los autores deben ser investigados y procesados", ha reivindicado.

"También es vital que se incluya en este proceso la construcción de paz entre las distintas comunidades", ha defendido, subrayando igualmente que las víctimas de violencia sexual deben recibir atención médica y apoyo psicosocial adecuado y que se deben hacer esfuerzos para reunir a los niños secuestrados con sus familias.

VIOLENCIA EN JONGLEI

En el caso de Jonglei (este), según la oficina de Bachelet, hay pruebas que sugieren que los enfrentamientos entre las comunidades dinka bor, lou nuer y murle, que comenzaron a mediados de febrero, podrían haber sido instigados por líderes políticos y tradicionales que presuntamente han movilizado a jóvenes armados y explotado las tensiones comunitarias previas en relación con el acceso a recursos naturales.

En este estado, el pasado 19 de febrero, decenas de civiles fueron asesinados o heridos, más de 200 mujeres y niños habrían sido secuestrado y sometidos a violencia sexual, y numerosas viviendas fueron incendiadas. Como resultado de ello, unos 8.000 civiles, principalmente mujeres y niños, buscaron refugio cerca de la base de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) en la ciudad de Pibor. "Estos actos son deplorables y los responsables de los mismos deben ser llevados ante la justicia", ha reclamado Bachelet.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado esta semana que entre el 9 y el 13 de marzo trataron a 83 heridos en Pieri y Lankien, mientras que otros 45 heridos de bala fueron tratados en Pibor en el último mes como resultado de la violencia intercomunitaria en el estado de Jonglei y en el área administrativa de Gran Pibor.

"Fue un flujo masivo de pacientes críticos, con graves heridas de bala y apuñalamientos", explica el jefe del equipo médico de MSF, Istifanus Chindong Damulak. "En Lankien, tratamos a una mujer embarazada de siete meses que había perdido a su hijo después de que le rajaran el abdomen y a una niña de 10 años a la que habían apuñalado varias veces", denuncia.

"Esta violencia horrible y brutal y los ataques contra los más vulnerables han ido más allá del nivel de violencia intercomunitaria y violencia relacionada con el robo de ganado que hemos visto recientemente", subraya por su parte el jefe de misión de MSF en Sudán del Sur, Claudio Miglietta. "Esto tiene que acabar", reclama.

TENSIONES POR EL GANADO

Según la Alta Comisionada, en otras zonas del país las tensiones relacionadas con el movimiento de ganado y el acceso a recursos naturales, en particular el agua y las zonas de pasto, amenazan con desembocar en ciclos de violencia y represalias si no se produce una intervención adecuada de las autoridades estatales.

Esto quedó de manifiesto, según la oficina de Bachelet, en los enfrentamientos del pasado 14 de marzo en el estado de Lakes (centro) entre subclanes dinka, donde al menos 30 personas murieron y muchas más resultaron heridas.

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