MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado este jueves "retrocesos" en la independencia judicial y en la lucha contra la corrupción y la impunidad" en Guatemala, tras la salida del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
"El año 2019 estuvo marcado por las elecciones generales que se llevaron a cabo sin incidentes. Sin embargo, retrocesos en la independencia judicial, y en la lucha contra la corrupción y la impunidad, siguieron ocurriendo", ha dicho durante el 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La ex presidenta chilena ha recordado que "garantizar la independencia del sistema de justicia --incluyendo la selección independiente y objetiva de los jueces-- es esencial para asegurar el pleno goce de los Derechos Humanos y el combate contra la corrupción y la impunidad".
La CICIG, un organismo independiente apoyado por la ONU, tuvo que abandonar Guatemala el pasado mes de septiembre por decisión del anterior Gobierno de Jimmy Morales, que le acusó de parcialidad. La CICIG destapó importantes casos de corrupción en la élite política, incluidas investigaciones contra el entonces presidente y su familia.
No obstante, Bachelet ha considerado que el nuevo Gobierno de Alejandro Giammattei, que tomó posesión el pasado 14 de enero, "tiene una oportunidad clave para abordar los retos existentes y proteger los Derechos Humanos".
Así, le ha instado a abordar los "altos y persistentes niveles de desigualdad, discriminación e inseguridad" y a "mejorar las condiciones de vida de la población, en particular a través de la lucha contra la desnutrición crónica y la pobreza multidimensional".
En materia de seguridad, ha recomendado a las autoridades guatemaltecas que sus acciones "estén orientadas hacia la prevención y el combate de la criminalidad y sean adoptadas con enfoque de Derechos Humanos y evitando la militarización de la seguridad publica".
Bachelet ha considerado "crucial" que el Estado guatemalteco "adopte medidas efectivas e integrales para la prevención de los ataques contra defensores de los Derechos Humanos y operadores de justicia, con un enfoque diferenciado con respecto a defensores indígenas y mujeres, entre otros".
"Agradezco la continua cooperación del Gobierno de Guatemala y de las autoridades legislativas y judiciales con mi oficina", ha declarado, instando a las nuevas autoridades a "priorizar una agenda destinada a fortalecer la protección de los Derechos Humanos y que evite retrocesos".