Bahréin prohíbe a antiguos miembros de grupos opositores disueltos presentarse a las elecciones parlamentarias

DUBÁI 14 May. (Reuters/EP) -

El Parlamento de Bahréin ha aprobado este domingo un proyecto de ley que prohíbe a los antiguos miembros de grupos opositores disueltos presentarse a las elecciones, lo que supone un último movimiento contra los disidentes en el país de cara a las parlamentarias previstas para este año.

El Tribunal Supremo de Bahréin ordenó el año pasado la disolución de la Sociedad Nacional de Acción Democrática (Waad) --el principal grupo opositor laico de la nación árabe--, y del partido opositor Al Wefaq tras acusarlos de apoyar la violencia y el terrorismo.

La Cámara Alta del Parlamento bahreiní ha dado luz verde a un proyecto de ley que prohíbe a antiguos miembros y líderes de asociaciones políticas disueltas por el poder judicial presentarse a las elecciones "debido a las serias violaciones de la Constitución y las leyes" llevadas a cabo por dichos grupos, según ha recogido la agencia de noticias estatal BNA.

El texto, que también ha recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, se encuentra a la espera de ser ratificado por el rey, Hamad bin Isa al Jalifa.

Tanto Al Wefaq, vinculado a la mayoría chií, como Waad han instado a poner en marcha una serie de reformas sociales y políticas en el país, que se encuentra liderado por la monarquía suní. El exdiputado de Al Wefaq Alí Alaswad ha criticado la medida y ha denunciado que ésta tiene como objetivo reprimir aún más a la oposición en el país.

"Este último movimiento sólo confirma que Bahréin no tiene interés ninguno en introducir la perspectiva de la oposición ni en el Parlamento ni en el proceso político", ha aseverado a la agencia de noticias Reuters.

En el marco de los comicios de 2014, los principales grupos opositores, incluido Al Wefaq, boicotearon las parlamentarias en protesta por lo que consideraban un sistema electoral injusto. Grupos de activistas han denunciado en reiteradas ocasiones que la mayoría chií es sujeto de una discriminación sistemática a nivel político y económico por parte del Gobierno, algo que las autoridades niegan.