Biden prorroga un año las sanciones contra los implicados en el conflicto en Tigray

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prorrogado este viernes durante un año las sanciones contra las partes en el conflicto del norte de Etiopía al considerar que la situación en la región continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

"La situación en y en relación con el norte de Etiopía (...) sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (...). Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 17 de septiembre de 2021, debe continuar en efecto más allá del 17 de septiembre de 2022", ha expresado Biden en un comunicado de la Casa Blanca.

Según Estados Unidos, la situación en el norte de Etiopía aún hoy se caracteriza por "actividades que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad" del país y la región del Cuerno de África, destacando "la violencia generalizada, las atrocidades y los graves abusos de los Derechos Humanos".

Esta emergencia nacional autoriza la aplicación de sanciones contra los implicados en el conflicto en la región etíope de Tigray (norte), entre ellos integrantes de los gobiernos de Etiopía y Eritrea, así como a miembros del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).

Las sanciones se aplican contra aquellos "responsables o cómplices, que hayan participado de forma directa o indirecta o que hayan intentado participar" en distintos actos, entre ellos "acciones o políticas que amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Etiopía".

Asimismo, afectan a los que "obstruyan un alto el fuego o un proceso de paz", participen en "actos de corrupción o abusos graves de los Derechos Humanos", "bloqueen la entrega o distribución de ayuda", "ataquen a civiles", "planeen, ordenen o cometan ataques contra personal de Naciones Unidas o la Unión Africana" o "lleven a cabo acciones o políticas que socaven los procesos y las instituciones democráticas o la integridad territorial de Etiopía".

El pasado mes de febrero el Gobierno de Estados Unidos aplaudió la decisión del Parlamento de Etiopía de poner fin al estado de emergencia decretado en el país y dijo que se trata de "otro paso importante" para "allanar el camino hacia la resolución pacífica del conflicto".

"Pedimos que esta decisión se vea inmediatamente seguida por la liberación de todos los arrestados o detenidos sin cargos bajo el estado de emergencia", solicitó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien resaltó que tal cosa facilitaría "un diálogo nacional inclusivo y productivo".

El conflicto en Etiopía estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.

El estado de emergencia fue decretado en noviembre de 2021 a causa del avance de las fuerzas del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) hacia la capital, Adís Abeba, en marco del conflicto desatado en noviembre de 2020 en la región de Tigray. Desde entonces, miles de personas han sido detenidas, la mayoría de ellas tigrayanas, por supuestos lazos con el TPLF.

El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.