RANGÚN 17 Oct. (Reuters/EP) -
Las autoridades Birmania ha cesado por "negligencia" a un alto mando de la Policía de Fronteras destinado en un municipio próximo a Bangladesh tras la muerte de varios agentes por unos atentados perpetrados por milicianos islamistas, según ha informado el Ministerio del Interior.
Nueve policías murieron en varios atentados contra tres puestos policiales en el estado de Rajine, en el norte de Birmania, el 9 de octubre llevados a cabo por milicianos con armas automáticas, palos y cuchillos. Se cree que los milicianos formarían parte de grupos rohingyas.
"Se llevarán a cabo las acciones necesarias en contra de los agentes de Policía por su negligencia, que ha supuesto la pérdida de vidas de varios policías y la pérdida de armas", ha dicho el viceministro del Interior, el general Aung Soe.
Aung Soe no ha dado más detalles, pero el jefe de la Policía de Fronteras en el municipio de Maungaw, el general de Brigada Maung Maung Jin, ha sido cesado de sus responsabilidades, según una fuente policial y un responsable del Gobierno local.
Su sucesor en el mando, Thura San Lwin, ya ha sido nombrado. El Gobierno ha dicho que el ataque ha sido orquestado por el grupo Aqa Mul Muyahidín, que tendría vínculos con milicianos islamistas de Pakistán y al que también se ha atribuido otros ataques contra las fuerzas de seguridad en regiones con mayoría de población musulmana. Desde los ataques, varios videos han circulado en Internet, mostrando a hombres armados declarando la yihad en la lengua rohingya.
El Ejército ha señalado la región como una "zona operativa" y las tropas se han distribuido para localizar a los autores de los ataques que huyeron con decenas de armas y más de 10.000 balas y municiones en los asaltos del 9 de octubre.
Este lunes, el Gobierno dijo en un comunicado que 30 personas murieron en el ataque y que han sido detenidos doce sospechosos en la operación contra los autores de los atentados, en la cual cinco militares murieron.
Grupos internacionales defensores de los Derechos Humanos y defensores de la comunidad rohingya han mostrado su preocupación por lo que denuncian como asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en las operaciones contra milicianos islamistas.
Cerca de 1,1 millones de rohingyas viven en el estado de Rajine, donde se enfrentan a restricciones en sus movimientos y el acceso a servicios. Los rohingya constituyen la mayoría de los 125.000 residentes de los campamentos de desplazados desde los enfrenamientos intercomunitarios con los budistas en 2012.