Birmania entrega a la CIJ su primer informe sobre las medidas en marcha para proteger a los rohingyas

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Birmania ha entregado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su primer informe respecto a las medidas que habría puesto en marcha para proteger a la minoría rohingya, tal y como ha exigido el tribunal internacional, si bien por el momento no hay detalles sobre las mismas.

La CIJ ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que las autoridades birmanas "enviaron el 22 de mayo de 2020 el primer informe incluido en la orden de la CIJ del 23 de enero de 2020 sobre medidas provisionales" en el caso, presentado por Gambia.

Gambia presentó oficialmente en noviembre de 2019 con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) una demanda contra Birmania ante la CIJ por actos de genocidio contra la minoría musulmana rohingya.

Tanto Gambia como Birmania son firmantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, que además de prohibir a los estados cometer genocidio pide a todos los firmantes que eviten y castiguen este crimen.

Los rohingyas son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.

La persecución que, según denuncian, sufren en Birmania les ha empujado tradicionalmente a Bangladesh, donde hay más de un millón de rohingyas. En agosto de 2017, el Gobierno birmano lanzó una campaña militar en respuesta a ataques de insurgentes rohingyas que llevó a la ONU a advertir sobre una posible "limpieza étnica".

La líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, otrora considerada como un símbolo de la lucha por la democracia y los Derechos Humanos, ha sido duramente criticada por la campaña de sangrienta represión, que provocó que más de 700.000 rohingyas huyeran al vecino Bangladesh.

Por otra parte, la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha recibido autorización para iniciar una investigación por crímenes contra la Humanidad, en particular la deportación forzosa de 740.000 rohingyas a Bangladesh.