Birmania.- Un informe parlamentario concluye que la Policía usó bombas de fósforo y humo contra manifestantes en Monoywa

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Parlamento de Birmania ha concluido que la Policía usó bombas de fósforo y de humo contra las decenas de personas que el pasado mes de noviembre se manifestaron en la mina de Monoywa contra las expropiaciones ilegales.

El informe ha sido elaborado por una comisión parlamentaria creada por orden del presidente birmano, Thein Sein, y liderada por la secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia (LND), la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Este documento concluye que la Policía usó bombas de fósforo "que al explotar pueden causar fuego". "Como consecuencia de ello se causaron quemaduras inesperadas e innecesarias a los manifestantes, sobre todo monjes", indica.

En lo tocante a la explotación minera, el informe determina que "el macro proyecto es beneficioso para el país, aunque este beneficio sea pequeño", por lo que ha recomendado seguir adelante con el mismo, a pesar de la firme oposición de la población local.

El pasado mes de febrero, la ONG estadounidense Justice Trust y varios juristas birmanos publicaron un informe de 41 páginas basado en los testimonios de manifestantes y residentes en las localidades cercanas, así como en vídeos, fotografías y el análisis científico de los restos de las granadas utilizadas.

Sus conclusiones apuntan a que en la mañana del pasado 29 de noviembre la Policía lanzó granadas de fósforo blanco --un arma química capaz de causar quemaduras graves-- contra los campamentos de manifestantes instalados en los alrededores del yacimiento de cobre.

Los testigos aseguran que vieron destellos brillantes de los que comenzó a caer una sustancia en llamas y pegajosa que quemaba la ropa, la piel y la carne. Decenas de personas, entre ellos numerosos monjes, resultaron heridos.

"Es inaudito que la Policía utilice munición militar incendiaria contra los manifestantes pacíficos en lugar de aplicar la ley", dijo el director de Justice Trust, Roger Normand, durante la presentación del informe, en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

Las organizaciones humanitarias también investigaron las supuestas expropiaciones ilegales y determinaron que funcionarios locales obligaron --con mentiras e intimidación-- a los dueños de los terrenos mineros a ceder la propiedad de los mismos.

El yacimiento de cobre está gestionado y explotado por militares birmanos y una empresa china. El caso ha puesto el foco de atención en la capacidad de las nuevas autoridades birmanas para abordar los problemas de la época dictatorial.