RÍO DE JANEIRO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Quemar un autobús o destrozar mobiliario urbano en una protesta podría costar a partir de ahora hasta 30 años de cárcel en Brasil, según el proyecto de ley antiterrorista que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados.
El texto define varios supuestos como actos de terrorismo, entre ellos "incendiar, saquear, destruir o hacer explotar medios de transporte o cualquier bien público o privado" y prevé penas que van de los 12 a los 30 años de cárcel en régimen cerrado.
Al margen de definiciones más consensuadas, como las que consideran terrorismo portar armas químicas o nucleares, el proyecto de ley aprobado también considera terroristas a lo que "saboteen el funcionamiento o se apoderen con violencia" de medios de transporte, hospitales, escuelas, estadios y otras instalaciones públicas.
Para algunos partidos de izquierda estas definiciones son ambiguas y podrían llevar a castigar como terroristas a manifestantes que ocupen un edificio, por ejemplo, como criticaba la líder del Partido Comunista de Brasil, Jandira Feghali.
"El texto llevará a la criminalización de actos sociales. Si dejamos un texto amplio y genérico la interpretación la hará el juez. ¿Quemar un autobús como protesta por los crímenes en las favelas es un acto terrorista?", se preguntaba de forma retórica.
El texto llegó al Congreso Nacional en 2013, cuando se produjeron las masivas manifestaciones por todo Brasil pidiendo mejoras en los servicios públicos, algunas de ellas con graves incidentes y enfrentamientos entre la Policía y los 'black blocs'.
La aprobación del texto antiterrorista tomó un nuevo impulso después de la muerte del cámara de televisión Santiago Andrade, en cuya cabeza estalló una bengala lanzada por un manifestante el año pasado en Río de Janeiro.