Brasil demanda a dos empresas mineras por los años causados por el derrumbe de una presa

BRASILIA, 1 Dic. (Reuters/EP) -

Brasil ha presentado este lunes una demanda contra dos de las mineras más grandes del mundo por 20.000 millones de reales brasileños (5.200 millones de dólares) para limpiar lo que dice ha sido su peor desastre ambiental, causado por el derrumbe de una presa que contenía materiales tóxicos.

Los Gobiernos de Brasil y de los dos estados afectados por el accidente demandaron al proyecto conjunto Samarco y sus copropietarios, la australiana BHP Billiton Ltd, la mayor minera del mundo, y la brasileña Vale SA, el mayor productor de mineral de hierro.

Este mismo lunes, la presidenta Dilma Rousseff ha culpado por el desastre a la "acción irresponsable de una compañía" en un discurso ante la cumbre sobre cambio climático COP21 en París. "Estamos castigando severamente a los responsables de esta tragedia", ha añadido.

Mientras van a los tribunales, las autoridades brasileñas buscan un arreglo extrajudicial similar al acuerdo de 20.800 millones de dólares que alcanzó el Gobierno de Estados Unidos con la petrolera BP Plc por el derrame del 2010 de Deepwater Horizon en el Golfo de México.

Sin embargo, en una demanda civil presentada por propietarios de negocios y otros, un juez dictaminó en el 2014 que BP era el principal responsable por el derrame y tuvo que cancelar hasta 18.000 millones de dólares en penalizaciones además de los pagos anteriores realizados.

La rotura de la presa, que se produjo el 5 de noviembre, liberó 60 millones de metros cúbicos de lodo y desechos mineros que devastaron una localidad, dejaron menos trece muertos y contaminaron un caudaloso río.

La demanda presentada en una corte federal en Brasilia exige que Samarco tome medidas inmediatas para contener y reducir el impacto ambiental del accidente, tal y como ha detallado el fiscal jefe del estado costero de Espírito Santo, Rodrigo Vieira.

La demanda busca por lo menos 20.000 millones de reales que serían administrados por un fondo privado durante 10 años para pagar por la recuperación del desastre ambiental y su impacto social en las comunidades cercanas a la mina y a lo largo de la cuenca del río Doce.