BRUSELAS, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha asegurado este lunes que "no hará campaña" de cara al referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido en la Unión Europea, que los británicos celebrarán el 23 de junio; si bien ha avisado de que por ello Bruselas no va a detener su "actividad" como institución europea, con competencias en cuestiones, por ejemplo, presupuestarias o de competencia.
"La Comisión Europea no hará campaña, nuestro papel concluye aquí. Nuestro papel ha sido el de facilitador, presentando ideas, documentos", ha declarado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.
Bruselas, ha añadido, "seguirá haciendo su trabajo habitual" y por ello seguirá presentando propuestas legislativas o tomando decisiones en materia de competencia o de presupuestos.
Tampoco el comisario británico, responsable de Servicios Financieros, Jonathan Hill, que tiene "su opinión" y conoce especialmente el contexto británico, tomará partido durante la campaña del referéndum, porque es la posición que ha tomado el Colegio de Comisarios.
Ello no impedirá, ha señalado el portavoz, que representantes de la Comisión, alguno de los comisarios o el propio jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, viajen a Reino Unido durante los próximos meses, en el marco de las actividades de la Comisión.
CORRESPONDE A LOS BRITÁNICOS DECIDIR
En cualquier caso, Bruselas recalca que la pertenencia a la Unión Europea es una cuestión a la que deben responder "únicamente" los ciudadanos británicos y que "corresponde al Gobierno, al Estado y a los ciudadanos" de Reino Unido tomar parte del proceso.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea cerraron el pasado viernes un acuerdo que revisa el estatus de Reino Unido dentro del bloque comunitario e incluye nuevas excepciones para los británicos.
Una de las más polémicas, por su impacto en derechos fundamentales de la UE como la libre circulación de trabajadores y el principio de no discriminación, es el "freno de emergencia" que Londres podrá activar durante un periodo de hasta siete años para suspender el acceso de los inmigrantes europeos a determinadas ayudas sociales durante sus primeros cuatro años de contrato.
Se trata de un acuerdo "legalmente vinculante" e "irreversible", según han subrayado todas las partes, si bien su entrada en vigor está condicionado a que los británicos voten mayoritariamente a favor de continuar en la UE y a que las autoridades comuniquen formalmente al Consejo europeo su decisión de continuidad.
Para ello, una cláusula de "autodestrucción" establece que el pacto dejará de tener valor si el resultado del plebiscito es contrario a que Reino Unido se mantenga en el club comunitario.