BRUSELAS, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha criticado este miércoles los retrasos de Bulgaria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado durante el último año debido a la "incertidumbre política" y le ha reclamado que acelere los esfuerzos. En contraste, Bruselas elogia el "progreso continuo" de Rumanía en esta materia.
Los dictámenes de Bruselas sobre Bulgaria y Rumanía responden al mecanismo de vigilancia que se creó cuando entraron a la UE en 2007, con el fin de garantizar que los dos países continuarían con las reformas de su sistema judicial para equipararlo a los estándares europeos.
El informe sobre Bulgaria señala que "el progreso ha sido lento y se necesitan pasos adicionales". "La incertidumbre política y otros retos en el último año han dificultado la tarea reformista en Bulgaria. No obstante, es un signo positivo que en algunas áreas, se han admitido los problemas y se están identificando soluciones. Ahora es el momento de actuar", ha dicho el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, en un comunicado.
"En cuestiones importantes como garantizar la asignación aleatoria de casos y los nombramientos justos para cargos judiciales importantes, la actuación de las instituciones nacionales responsables continúa careciendo de la determinación necesaria para inspirar confianza", apunta el informe del Ejecutivo comunitario.
"Las respuestas a los bien conocidos problemas en el área de la corrupción y el crimen organizado siguen siendo fragmentarias y carecen de una dirección estratégica global. Hay muy pocos ejemplos de casos de alto nivel de corrupción y crimen organizado que hayan concluido ante los tribunales", critica la Comisión.
Por lo que se refiere a Rumanía, Timmermans ha dicho que "está en el camino correcto y debe continuar los esfuerzos". "Hacer frente a la corrupción sigue siendo el principal reto y la principal prioridad", ha resaltado. Bruselas critica en particular que "continúa habiendo incoherencias en algunos fallos judiciales, lo que plantea preocupaciones".
"Las decisiones del Parlamento sobre si permitir el procesamiento y tratar a los parlamentarios como al resto de ciudadanos todavía parecen carecer de criterios objetivos y de un calendario fiable. El Parlamento ha dado también ejemplos de reticencia a la hora de aplicar decisiones finales de los tribunales o del Tribunal Constitucional", señala el estudio.