Bruselas no espera "impacto negativo" en la economía por la acogida de refugiados en la UE

LUXEMBURGO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha defendido este viernes que no habrá un "impacto negativo" en la economía de los países de la Unión Europea por reubicar en su territorio a parte de los 160.000 refugiados que Bruselas les ha pedido recibir, en el marco de dos programas consecutivos para aliviar la presión por la llegada de demandantes de asilo a Italia, Grecia y Hungría.

"El impacto económico de estas migraciones no es un impacto negativo", ha declarado el comisario a la prensa en Luxemburgo, a su llegada a una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

La cuestión de la crisis de refugiados no está en la agenda de la reunión, ha dicho el comisario, aunque sí hay un compromiso de todos por ofrecer una respuesta "a la altura" de las circunstancias, "generosa, humana y eficaz".

Moscovici ha recordado el "reto" demográfico que afrontan los países de la UE por el envejecimiento de su población y la necesidad de países como Alemania de recibir "migración económica" en los próximos años. "Es una necesidad para nuestra economía", ha añadido, para después apuntar que estos refugiados "son hombres y mujeres que van a consumir" en el mercado europeo.

También ha rechazado las posiciones xenófobas frente a la llegada de los refugiados y ha advertido de que la UE no puede actuar con "recortes" en el Derecho internacional en materia de asilo para "complacer a segmentos del electorado".

En cualquier caso, Moscovici ha apelado a la "responsabilidad" de los europeos y a "la historia y valores" de la UE, al tiempo que ha subrayado que, de salir adelante los dos planes para acoger a un total de 160.000 demandantes de asilo en los próximos dos años, estos refugiados apenas sumarán el 0,07 % de la población total de la UE.

El comisario también ha revelado que varios países, entre ellos Irlanda, Italia y Luxemburgo han planteado que se tenga en cuenta el esfuerzo del gasto público en esta crisis a la hora de examinar el cumplimiento de las reglas de disciplina fiscal de los Estados miembros.