MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Burundi han acusado este viernes al destacado opositor Pierre-Célestin Ndikumana estaría detrás de un plan para asesinar al presidente del país, Pierre Nkurunziza, y otros altos cargos del país.
El Ministerio de Seguridad Pública ha señalado que Ndikumana sería el 'cerebro' de un plan para que tres personas mataran a Nkurunziza, los vicepresidentes y un "alto dignatario", según ha recogido el portal local de noticias Iwacu.
El Gobierno ha desvelado además que dos diputados del gubernamental Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), Justine Niyongabo e Hilaire Ntahomvukiye, sobrevivieron la semana pasada a un "asesinato político".
Ndikumana ha señalado que las acusaciones contra él son un intento de intimidarle, en medio de las acciones del Ejecutivo para reprimir a la oposición, tal y como ha informado la cadena de televisión británica BBC.
La tensión ha aumentado en el país desde 2015, cuando Nkurunziza anunció su controvertida decisión de seguir al frente del país durante un tercer mandato, lo que la oposición tildó de inconstitucional. El pasado mes de mayo, los burundeses decidieron en referéndum enmendar la Constitución, lo que permitirá al mandatario poder seguir en el poder hasta 2034.
La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.
El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsis, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.
Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.
Desde 2015, más de 400.000 refugiados y solicitantes de asilo han abandonado el país huyendo del conflicto, los abusos de los Derechos Humanos y el deterioro de la situación humanitaria.