Burundi habla de "conspiración internacional" tras el informe de la ONU sobre la crisis política en el país

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Burundi ante Naciones Unidas, Albert Shingiro, ha hablado este lunes de "conspiración internacional" contra el país tras el informe publicado por la ONU pidiendo que altos cargos del Gobierno burundés sean juzgados por crímenes de guerra.

"La mejor respuesta a esta conspiración internacional contra Burundi desde hace dos años es la unidad, el patriotismo y la determinación del pueblo", ha dicho, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

En un segundo mensaje, ha recalcado que el informe "no es de la ONU, sino la obra de tres personas a sueldo de actores extranjeros bien conocidos que buscan un cambio de régimen en Burundi".

"Esta comisión tenía un único objetivo desde su creación: condenar injustamente a Burundi, que ha permanecido valiente desde hace dos años ante los intentos de un cambio de régimen", ha remachado Shingiro.

Por su parte, el jefe del Gabinete del presidente, Willy Nyamitwe, ha asegurado que se trata de un intento de "demonización" de las instituciones gubernamentales de Burundi.

"Los expertos de Naciones Unidas son mercenarios que actúan (...) para certificar lo que quieren oír alguna personas", ha añadido. "Es propaganda de guerra. Quieren mostrarle al mundo que la situación es dramática, cuando en realidad es pacífica", ha concluido.

Según el informe, existen pruebas evidentes que probarían que estos crímenes se han estado cometiendo desde abril de 2015 cuando el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció su candidatura para optar a un tercer mandato.

"La Comisión tiene pruebas razonables para creer que se pueden atribuir crímenes contra la Humanidad pueden atribuirse principalmente a los altos cargos del Gobierno, a miembros del Servicio Nacional de Inteligencia, la Policía, la Armada y los Imbonerakure (un grupo miliciano relacionado con el Gobierno)", ha comunicado la Comisión de Investigación.

Por su parte, la oposición ha argumentado que Nkurunziza actuó de manera anticonstitucional durante las elecciones de 2015. La represión del Gobierno en las protestas que hubo tras el anuncio del presidente y la consiguiente agitación provocaron una crisis alimentaria y el éxodo de más de 400.000 refugiados.

Según recoge el informe, la milicia juvenil de los Imbonerakure recibió instrucciones de la oficina del presidente Nkurunziza para cometer crímenes que suponían una violación de los Derechos Humanos.

La Comisión ha asegurado que cuenta con información sobre ejecuciones, así como sobre los cientos de personas que han sido torturadas y alrededor de 40 casos de personas violadas.

Sin embargo, tal y como ha explicado Francoise Hampson, una miembro de la comisión, cualquier intento de dar cifras concretas hubiese sido inexacto debido a la dificultad de registrar absolutamente todos los casos.

RED GUBERNAMENTAL DE CRIMINALES

El informe recoge que los principales autores de estos hechos fueron las fuerzas de Seguridad y el Ejército, mientras que el Servicio Nacional de Inteligencia se habría ocupado de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, las torturas, los tratos degradantes e inhumanos y los abusos sexuales.

Según ha matizado la comisión, "el Servicio Nacional de Inteligencia se comunicaba directamente con el presidente de la República y sus operaciones estaban supervisadas por un alto cargo del Gobierno".

Naciones Unidas se ha negado a dar detalles acerca de los sospechosos pero Hampson ha señalado a gente cercana a Nkurunziza.

"Hay un círculo alrededor del presidente y tenemos la impresión de que controlan un sistema paralelo en Burundi, y estas personas tienen alguna responsabilidad", ha declarado Hampson durante una rueda de prensa en Ginebra.

Este informe de investigación creado por el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2016, en el que el Gobierno se negó a colaborar, se basó en más de 500 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes.

La Comisión ha afirmado que ha habido insultos étnicos dirigidos a personas tutsis pero "no se encuentran en posición de establecer la existencia de una voluntad política de destruir a ese grupo étnico 'en su totalidad o en parte', como lo exige la definición de genocidio".

Burundi está bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), aunque el país dejará de formar parte de dicho tribunal en octubre. Después de esa fecha, ningún crimen que se cometa en Burundi quedara bajo la jurisdicción del órgano judicial internacional.