El Gobierno acusa al opositor CNL y su líder argumenta que "el Derecho Internacional permite la defensa propia"
MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
Burundi ha registrado un repunte de la violencia política a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, de las que saldrá el sucesor del mandatario, Pierre Nkurunziza, en un clima de miedo y represión recrudecido a raíz de la crisis política en la que se vio sumido el país en 2015.
La crisis de 2015, provocada por la decisión de Nkurunziza de presentarse a un tercer mandato pese a las denuncias de la oposición sobre que este hecho violaba los acuerdos de paz, derivó en una oleada de violencia que tuvo su epicentro en la antigua capital, Buyumbura, y que se saldó con cerca de 450 muertos y cientos de miles de desplazados internos y refugiados.
Durante la misma, Nkurunziza logró superar un intento de golpe de Estado en mayo de 2015 y endureció la campaña de represión contra opositores y activistas, en la que el ala juvenil de su partido, los conocidos como Imbonerakure, tuvo un papel preponderante.
A pesar de que tras las elecciones --boicoteadas por la oposición-- el nivel de tensión se rebajó y la crisis dejó de ocupar portadas en la prensa internacional, la campaña de miedo de las autoridades y grupos paraestatales continuó, en medio de las denuncias de diversas ONG locales e internacionales.
La crisis registró además un repunte en 2018, cuando se celebró un referéndum constitucional que amplió de cinco a siete el mandato presidencial y que reintrodujo el cargo de primer ministro --que podrá ser del mismo partido que el presidente-- y eliminó una Vicepresidencia. Hasta entonces había dos vicepresidentes, que debían proceder de grupos étnicos y partidos distintos.
Asimismo, redujo la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar nuevas leyes, un punto que generó igualmente preocupación debido a la composición étnica del país --y su reflejo en el Parlamento--, ya que facilitaría a Nkurunziza, un antiguo líder rebelde hutu, aprobar leyes sin contar con la minoría tutsi.
En este sentido, una comisión de investigación de Naciones Unidas señaló en septiembre de 2019 que el presidente es personalmente responsable de violaciones de los Derechos Humanos en el país, entre las que figuran "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, arrestos y detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual".
Así, dijo que "en su mayoría, estas violaciones tenían una dimensión política" y detalló que "algunas de las mismas fueron cometidas en el marco del referéndum constitucional de 2018", si bien alertó de que "se están incrementando e incrustándose en los preparativos para las elecciones de 2020".
En esta línea se expresó en marzo, cuando pidió al Gobierno una reapertura "del espacio democrático, civil y político" y recalcó que "es un requisito esencial para poder celebrar elecciones libres, transparentes y creíbles en un clima pacífico".
EL FISCAL PIDE NO INCITAR A LA VIOLENCIA
Sin embargo, la violencia ha ido nuevamente en aumento y esta misma semana el fiscal general del país, Sylvestre Nywandwi, ha comparecido en público para pedir a los políticos que no inciten a la violencia, ante el incremento de los asesinatos y desapariciones de opositores y seguidores de los principales partidos.
"Los jefes de los partidos políticos no están exentos de investigaciones durante este periodo. Deben abstenerse de todo acto que pueda incitar a sus militantes a recurrir a la violencia", advirtió, tras lo que el Gobierno acusó directamente al opositor Congreso Nacional para la Libertad (CNL), liderado por Agathon Rwasa, de estar detrás de los incidentes, una acusación rechazada por el partido, que responsabiliza al aparato estatal.
Las acusaciones del CNL se ven respaldadas por un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), que señaló a finales de abril que las autoridades y miembros del gubernamental Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), han usado el miedo y la represión contra opositores, medios independientes y activistas.
La comisión electoral ha validado un total de siete candidaturas a la Presidencia, entre las que destacan el 'delfín' de Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye --candidato del CNDD-FDD a la sucesión-- y Rwasa, líder de la milicia hutu Fuerzas de Liberación Nacional (NLF) durante la guerra civil en Burundi (1993-2005).
Asimismo, son los seguidores y las alas juveniles de sus partidos --los Imbonerakure y los Inyankamugayo-- los que han estado en el epicentro de los enfrentamientos e incidentes violentos, muestra de las vivas tensiones entre las autoridades y el principal partido opositor.
Entre las víctimas mortales figuran Marie-Claire Niyongere, 'número dos' del ala femenina del CNL, quien fue asesinada en noviembre en Muramvya después de haber sido violada, y Richard Havyarimana, responsable del partido en la comuna de Nyabihanga, cuyo cadáver mutilado fue hallado el 7 de mayo en Muyembe.
Uno de los incidentes más graves entre los Imbonerakure --acusados por la ONU de estar detrás de graves violaciones de los Derechos Humanos en el país-- y los Inyankamugayo tuvo lugar en Kirundo, donde murió un seguidor del CNDD-FDD y cerca de 20 personas resultaron heridas.
EL CNL DENUNCIA UNA CAMPAÑA DE REPRESIÓN
Las autoridades han detenido además a varias decenas de miembros y seguidores del CNL después del inicio de la campaña electoral el 27 de abril, incluidos varios altos cargos del partido, que ha denunciado que se trata de una persecución política de cara a la votación.
Así, entre las figuras detenidas está la parlamentaria Kathy Kezimana, candidata del CNL a las legislativas por la provincia de Buyumbura, quien fue arrestada el 5 de mayo cuando se dirigía a la Alcaldía de la ciudad.
Apenas unos día después fue arrestado Séverin Nbizi, candidato por la provincia de Riyigi, tras lo que el ministro del Interior, Pascal Baradagiye, reiteró las acusaciones contra la oposición por incitar a la violencia para justificar estas últimas detenciones, según Radio France Internationale.
"Nuestros militantes son perseguidos. El martes pasado, la Policía, acompañada por los Imbonerakure, ha arrestado a 29 militantes del CNL. Van contra aquellos que están en las listas electorales", han criticado altos cargos del CNL en declaraciones concedidas al diario burundés 'Iwacu'. El CNL cifra en 200 sus militantes detenidos.
ACUSACIONES DE LA POLICÍA
Por su parte, el portavoz de la Policía, Pierre Nkurikiye, acusó a Rwasa de incitar a la violencia y dijo que "los miembros del CNL no toleran ninguna voz discordante". "Donde vieron a miembros del CNDD-FDD, les atacaron. Creo que se drogan, porque lo que hacen de atacar a ciudadanos pacíficos día y noche sólo lo hacen los drogadictos", agregó.
En respuesta, Rwasa argumentó que "el Derecho Internacional permite la defensa propia" en caso de ataque y cargó contra Nkurikiye. "Esta guerra de la que habla sólo existe en su cabeza. Creo que no fue el más valiente de los rebeldes, así que le recomendaría que fuera humilde", apuntó.
"Estamos experimentando algunos comportamientos dirigidos a desestabilizar principalmente al CNL, donde nuestra gente es atacada y no hay acciones de la Justicia ni la Policía contra los responsables", denunció además en una entrevista concedida a Voice of America.
La población teme una nueva crisis postelectoral a gran escala que derive, como en 2015, en una oleada de violencia y nuevos desplazamientos en el país, afectado además por la pandemia de coronavirus y ante el temor de que el balance real sea muy superior al oficial.
"Rezamos para que las campañas sean llevadas bien y que quien pierda o gane acepte los resultados. Para nosotros, los ciudadanos, lo más importante es la paz. Necesitamos paz", ha dicho un residente de Buyumbura a la citada emisora.