MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha anunciado que quiere poner en marcha un borrador de ley para que los ciudadanos privados puedan demandar a los fabricantes, vendedores y distribuidores de armas en el estado, modelando su propuesta según el marco legal utilizado en la ley de Texas que prohíbe los abortos en las últimas seis semanas.
Newsom ha dicho que va a trabajar con otros demócratas y junto al Fiscal General de California Rob Bonta, también demócrata, para redactar una propuesta de ley: "Si los estados ahora pueden proteger sus leyes de la revisión de los tribunales federales que comparan las armas de asalto con las navajas suizas, entonces California usará esa autoridad para proteger la vida de las personas, mientras que Texas la usó para poner a las mujeres en peligro", ha declarado este sábado.
Según recoge la agencia Bloomberg, la nueva ley permitiría a los ciudadanos demandar por al menos 10.000 dólares (unos 8.800 euros) a cualquiera que fabrique, distribuya o venda un arma de asalto o venda un "kit de armas fantasma" o armas no registradas, que pueden ser utilizadas por menores, de acuerdo a la información que proporciona la ONG Brady Center to Prevent Gun Violence.
"Si la forma más eficiente de mantener estas armas devastadoras fuera de nuestras calles es agregar la amenaza de demandas privadas, deberíamos hacer precisamente eso", dijo Newsom. Por el momento, Newsom no ha añadido información sobre el proyecto de ley o sobre si va a tener el apoyo del fiscal Bonta, tal y como recoge 'Wall Street Journal'.
Una jueza asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, ya avisó este viernes de que se había allanado el camino para que otros estados pudiesen "repetir y perfeccionar el esquema de Texas". Además, criticó la vigencia de la ley, pese a votar a favor del dictamen, y alertó de posibles "permutaciones de la S.B. 8", según recogió el periódico 'The Texas Tribune'.
ADMISIÓN DE DEMANDAS CONTRA LA LEY DEL ABORTO EN TEXAS
El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este viernes que permitirá la admisión a trámite de cualquier recurso que quiera interponer ante los tribunales federales una clínica donde se practiquen interrupciones del embarazo contra la restrictiva ley del aborto en el estado de Texas, pero se ha negado a derogar la normativa.
El dictamen ha sido interpretado como una victoria parcial para los defensores del aborto regulado contra una ley, en vigor desde el 1 de septiembre, que se ha convertido en su gran desafío a batir en estos momentos: el estado norteamericano prohíbe la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están en cinta, sin excepciones para casos de violación o incesto excepto en casos puntuales por "emergencia médica".
Desde su declaración, las autoridades de Texas han intentado blindar la ley (la S.B. 8) al dejar su ejecución en manos de cualquier persona que quiera denunciar a un médico que practique abortos después de las seis semanas. El estado ofrecía "recompensas" de hasta 10.000 dólares a quien se animara a demandar, lo que exponía a los médicos --incapacitados por esa ley para responder a las acusaciones hasta que la demanda en su contra estuviera formulada-- a la ruina.
En cualquier caso, el conflicto todavía está lejos de terminar y podría conocer su principal episodio en junio, cuando se espera una decisión sobre la situación del aborto en el estado en Misisipi, que podría afectar a la vigencia del caso Roe contra Wade, máximo exponente de la normativa sobre el aborto en EEUU.
Ahora mismo el Supremo está debatiendo una ley actualmente en suspenso de este estado que prohibiría la interrupción del embarazo pasadas las 15 semanas. Sin embargo, un fallo del Supremo a favor de la ley supondría una disminución del efecto judicial de Roe contra Wade y veintiséis estados que están contemplando la introducción de nuevas restricciones contra el aborto tendrían vía libre para aplicarlas.
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