La Cámara de Apelaciones de Nueva York levanta la medida cautelar contra Argentina

NUEVA YORK, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Apelaciones de Nueva York ha levantado la medida cautelar que impedía a Argentina cumplir sus compromisos de deuda pública, lo que permitirá a la nación austral comenzar con sus emisiones para afrontar los pagos prometidos a los acreedores a través de distintos acuerdos.

En una audiencia de una hora los tres jueces han confirmado la orden de su colega Thomas Griesa de derogar las restricciones de pago tanto a los bonistas que se sumaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010 como a los llamados "fondos buitre".

"Estoy muy feliz de que llegamos a una resolución", ha dicho desde Nueva York Carmine Bocuzzi, de la firma de abogados Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), que representa a Argentina, en declaraciones al diario local 'La Nación'.

La noticia ha sorprendido al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en Nueva York. Una fuente del equipo económico de Argentina ha indicado que el Gobierno planea emitir deuda en los próximos días para saldar cuentas con los acreedores.

Argentina planea emitir hasta 15.000 millones de dólares para pagar a los acreedores con los que ha llegado recientemente a una serie de acuerdos, que representan al 90 por ciento, para poner fin al capítulo del 'default'.

FONDOS BUITRE

El país suramericano incurrió en 2002 en una cesación de pagos de unos 100.000 millones de dólares, deuda que se reestructuró en su mayor parte pagando menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores en 2005 y 2010.

Una minoría de bonistas, a los que el 'kirchnerismo' denominó "fondos buitre", optaron por demandar a Argentina en tribunales de Estados Unidos, donde obtuvieron un fallo favorable en su reclamo del pago total de la deuda.

Obviando este fallo, Argentina depositó en 2014 el dinero necesario para pagar a los bonistas de las reestructuraciones, pero Griesa bloqueó esos fondos para dar prioridad a los 'holdouts', lo que provocó que el país entrara en suspensión de pagos el 30 de julio de ese año.