Un cambio de rumbo para combatir la desigualdad

MADRID, 9 Sep. (Por Jaime Atienza, director de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón) -

Tras siete largos años de crecimiento mínimo, en 2015 España conseguirá romper la barrera del 3%, lo que constituye una gran noticia. Lástima que vaya acompañada de algunos datos demasiado sombríos como para despertar optimismo: los salarios siguen bajando, y aunque se ha creado empleo, 4 de cada 5 puestos de trabajo son precarios.

Y peor aún, el colectivo de trabajadores pobres, por desgracia, va en aumento, y quienes no tienen acceso a prestación social alguna también aumentan.

Según el informe del FMI para España (ENLACE), la economía española se aproxima a una etapa en la que el crecimiento se estancará en torno al 2% hasta el año 2019, lo cual resulta una perspectiva heladora para la necesaria mejoría de la situación social. Especialmente porque la experiencia nos dice que los informes del Fondo suelen pecar de exceso de optimismo.

Con este panorama han llegado al Congreso unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 en torno a los que flota un dato demoledor: los vencimientos de la deuda se disparan hasta los casi 130.000 millones de euros en ese ejercicio. La necesidad de nueva financiación para hacer frente a unos pagos tan extraordinarios será un lastre pesadísimo, y el coste financiero, de confirmarse la ralentización económica de España, y el enfriamiento global que indica tanto el fin de ciclo de expansión de los países emergentes como la caída del precio de las materias primas, subirá.

Por eso es ahora más importante si cabe la adopción de medidas que permitan combatir la pobreza y la desigualdad. La incipiente e incierta recuperación económica debe ayudarnos a cerrar las brechas que se han profundizado durante la última década, hasta convertir a España en el segundo país europeo en niveles de desigualdad --al menos antes de la "corrección metodológica" realizada por el INE--.

Esas medidas pasan en cualquier caso por una apuesta radical por la lucha contra la evasión fiscal, que requiere de una ley al efecto y debiera ser una prioridad del próximo Gobierno. Para acercar el porcentaje de pago de los grandes grupos empresariales al de las PYME, que sufren un injusto agravio que les impide competir en condiciones homogéneas. También es necesario profundizar en la progresividad fiscal de nuestro sistema, aumentando la carga fiscal sobre el patrimonio y el capital para compensar la desproporción que existe hoy con las rentas del trabajo y el consumo.

Si la fiscalidad es el "equilibrador natural" de cualquier economía por el lado de los ingresos, las políticas sociales son la clave para que esa mayor igualdad se extienda también por el lado del gasto. Al respecto, creemos necesaria una reforma constitucional que consolide todos los derechos sociales al mismo nivel, asegurando que existe el acceso universal a una educación y una salud universal y de calidad. Esto requiere un aumento de las inversiones en esos sectores clave. Y la protección social ha de completarse con la implantación de un sistema de ingresos mínimos para aquellas familias y personas sin acceso, como el existente hoy en el País Vasco.

RECUPERACIÓN PARA TODOS

En definitiva, la recuperación económica, cuya consolidación parece más frágil de lo que desearíamos, no garantiza ni mucho menos que quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza verán mejorar su situación. Para que ello suceda son necesarias reformas en muchos casos en una dirección opuesta a las que han traído las decisiones más recientes.

Algunos ejemplos son la bajada anticipada del impuesto a la renta concentrada en los segmentos más altos, la reducción del tipo del impuesto de sociedades para los grandes grupos, o la reducción de los recursos destinados a prestaciones sociales para las personas afectadas por desempleo de larga duración.

El drama de los refugiados ha despertado la sensibilidad de nuestra ciudadanía, y la conciencia de lo importante que es ayudar a quienes sufren dentro y fuera de nuestras fronteras. Debemos aprovechar ese impulso para constituir una sociedad más justa, equitativa y solidaria a todos los niveles. Desde una contribución mayor al bien común de las rentas más altas y los grandes grupos empresariales, a unas políticas sociales más extendidas, una cooperación al desarrollo reforzada tras la debacle de la actual legislatura que la llevó al 0,14% y una política de asilo a la altura del drama que afrontan miles de familias que deben huir de países en conflicto.