Cameron estudia extender la protección a los agentes armados que "disparen a matar"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, David Cameron, está estudiando la posibilidad de introducir nuevas normas sobre el uso policial de armas de fuego que podrían extender la protección ante procesamientos judiciales a los agentes de la Policía armados que disparen a matar, según ha informado la cadena británica Sky News.

Esta posible medida sale a la luz tan sólo unos días después de que un agente fuera detenido por haber disparado, con final fatal, a un joven de 28 años que intentaba supuestamente liberar a dos presos de un furgón policial en el norte de Londres.

Cameron ha ordenado la revisión de la legislación después de que los jefes de la Policía pidiera que aquellos acusados por proteger a la sociedad de un ataque como el de París contaran con un mayor respaldo, tanto legal como político.

En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, los ministros han sido advertidos de que la lucha contra el terrorismo se está viendo comprometida porque los agentes armados se arriesgan a ser procesados si aprietan el gatillo.

"Los incidentes terroristas, tanto a nivel nacional como en el exterior, muestran de una manera muy clara las decisiones a vida o muerte que deben tomar los agentes de la Policía en milésimas de segundo", ha indicado una fuente gubernamental.

"Debemos asegurarnos de que cuando la Policía toma la decisión última de proteger la seguridad de la sociedad lo hacen con el total apoyo de la Ley y del Estado, de manera que no haya lugar a dudas cuando hay vidas en riesgo", ha añadido.

Esta propuesta tiene altas posibilidades de toparse con la oposición del líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, quien en una entrevista en el 'Sunday Times', repitió estar en contra de las políticas de disparar a matar, advirtiendo de que éstas podían dañar las relaciones entre la comunidad y los agentes.

Asimismo, esta nueva normativa será polémica ya que en ella se incluye el uso de todas las armas de fuego de la Policía, y no sólo en casos de antiterrorismo. La revisión de la norma la dirigirá el Ministerio del Interior, el de Justicia y la Fiscalía General y se entregará, de forma privada, al primer ministro.