Canadá sanciona a cuatro ciudadanos guatemaltecos por "socavar la democracia" y la "transición pacífica de poder"

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Canadá han sancionado este martes a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y otros tres altos cargos guatemaltecos por "trabajar sin descanso para socavar la democracia" del país e "impedir una transición pacífica del poder".

El Ministerio de Exteriores del país norteamericano ha indicado en un comunicado que estas sanciones "servirán para disuadir las acciones obstruccionistas de los funcionarios públicos corruptos y para apoyar al Gobierno democráticamente elegido de (Bernardo) Arévalo".

Así, ha detallado en un segundo comunicado que los otros tres altos cargos afectados por estas medidas son la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche, y el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.

En este sentido, el Gobierno ha alertado de que estos ciudadanos han incurrido también en delitos de corrupción y han cometido "graves violaciones de los Derechos Humanos", tal y como recoge el texto, que hace referencia a la crisis política que sufrió Guatemala y que se acentuó tras los comicios celebrados en junio de 2023.

"Las sanciones de hoy afectan a cuatro individuos por su compromiso con actividades que han favorecido de forma directa o indirecta la corrupción, (...) incluso durante la Administración previa del presidente Alejandro Giammatei", ha indicado el Ministerio. Así, ha recalcado que Canadá "está con el pueblo y la comunidad internacional a la hora de condenar la corrupción y la impunidad".

La ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, ha aseverado que esto "demuestra el compromiso con los esfuerzos en la lucha a favor de la democracia y los Derechos Humanos" en Guatemala. "Estamos deseando trabajar junto al Gobierno elegido democráticamente", ha añadido.

En agosto, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró a Bernardo Arévalo ganador de las elecciones presidenciales con el 60 por ciento de los votos. Sin embargo, algunos diputados y altos cargos se negaron a aceptar estos resultados y amenazaron con obstaculizar la toma de posesión de Arévalo en enero.

Posteriormente se abrió una investigación sobre supuestas irregularidades en la primera vuelta electoral y, en diciembre, la Fiscalía alertó de que los resultados no eran válidos debido a supuestas irregularidades, una medida que Arévalo calificó de "intento de golpe de Estado". No obstante, acabó jurando el cargo el 14 de enero.