El ministro de Justicia que ha presentado el caso trabajó en el tribunal que juzgó el genocidio de Ruanda
BANJUL, 5 Dic. (Reuters/EP) -
El caso por genocidio presentado contra Birmania en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el primero de este tipo desde los años 1980, podría no haber ocurrido si no hubiera sido por un problema de agendas.
En mayo de 2018, el ministro de Exteriores de Gambia se desmarcó en el último minuto de la conferencia anual de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) en Bangladesh, enviando en su lugar al ministro de Justicia, Abubacarr Tambadou.
Para Tambadou, que pasó más de una década procesando casos del genocidio de Ruanda de 1994, lo que vio y escuchó en Bangladesh le trajo dolorosos recuerdos.
Junto con una delegación de la OCI visitó los atestados campos de refugiados rohingyas en Cox's Bazar, donde residen más de 700.000 miembros de esta minoría musulmana que huyeron de la represión de las fuerzas birmanas iniciada en agosto de 2017.
Algunos de ellos le contaron cómo las fuerzas de seguridad quemaron a niños rohingya vivos, violaron a mujeres y asesinaron a hombres. "Vi la palabra genocidio escrita en todas estas historias", cuenta Tambadou en una entrevista concedida a Reuters en la capital de Gambia, Banjul.
Las autoridades de Birmania, incluida su líder 'de facto' y Nobel de la Paz Aung Saan Suu Kyi, han negado casi todas las acusaciones realizadas por refugiados contra sus tropas, que sostiene que llevaron a cabo una operación antiterrorista legítima.
Tambadou presentó una resolución para crear una comisión de la OCI que examinara los presuntos abusos contra los rohingyas y este año convenció a 57 miembros de la organización de que apoyaran un caso formal contra Birmania, poniendo a su pequeño país de África Occidental en el centro de una de las causas legales internacionales de mayor perfil en una generación.
Cuando los argumentos se presenten en La Haya la próxima semana, el equipo legal de Gambia se enfrentará a la delegación birmana encabezada por Suu Kyi. Tambadou pedirá a los jueces que ordenen que Birmania cese inmediatamente la violencia contra los civiles rohingyas y preservar las pruebas que eventualmente podrían sentar las bases para determinar si Birmania cometió genocidio.
UN PAPEL IMPENSABLE BAJO LA DICTADURA DE JAMÉ
El papel de Gambia en este caso habría sido impensable hace tres años. Durante los 22 años en que estuvo en el poder el presidente Yahya Jamé, las fuerzas de seguridad asesinaron y torturaron a decenas de rivales percibidos y reales, según las pruebas presentadas en la comisión de la verdad en curso.
Pero las elecciones de 2016 supusieron la inesperada derrota de Jamé, que tras atrincherarse en el cargo finalmente partió al exilio. El líder opositor Adama Barrow, vencedor de los comicios, asumió el cargo prometiendo restaurar los Derechos Humanos y combatir la corrupción.
Según Tambadou, "22 años de brutal dictadura nos han enseñado cómo usar nuestra voz". "Sabemos demasiado bien cómo se siente uno cuando es incapaz de contar su historia al mundo, es incapaz de compartir su dolor en la esperanza de que alguien por ahí escucha y ayude", añade el ministro, sentado en su despacho rodeado de textos legales.
Hijo de un empresario de Banjul, Tambadou, de 46 años, estudió Derecho en Reino Unido antes de regresar a Gambia en los años 90 para ejercer. En abril de 2000, las fuerzas de seguridad mataron a 14 estudiantes que se manifestaban, un hecho que según el ahora ministro le empujó a trabajar en Derechos Humanos.
Sus amigos intentaron disuadirle del tipo de trabajo que hacía ya que podía llevarle a las célebres cárceles de Jamé o incluso algo peor, pero Tambadou estaba comprometido, recuerda Emmanuel Joof, quien cofundó junto a él en el año 2000 una coalición de defensores de los Derechos Humanos.
EXPERIENCIA CON EL GENOCIDIO DE RUANDA
En 2003, abandonó Gambia para sumarse al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) con sede en Tanzania, donde procesó con éxito a algunas de las principales figuras del genocidio, incluido el antiguo jefe del Ejército Augustin Bizimungu, quien fue condenado en 2011 a 30 años de cárcel.
Como ministro de Justicia desde 2017, sus decisiones le han puesto en algunas ocasiones en confrontación con sus antiguos colegas, como cuando ordenó que los miembros de los escuadrones de Jamé fueran liberados por motivos técnicos.
"A veces no estamos de acuerdo con él", reconoce Joof, que ahora es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo independiente. "Pero el hecho de que sea una persona que es una apasionada de estas cuestiones nos da a personas como a mí un gran consuelo", añade.
Tambadou, un devoto musulmán, reconoce que la solidaridad islámica ha sido uno de los factores detrás de la acción de Gambia y la OCI pero subraya que "se trata de nuestra humanidad en último término".
Las autoridades birmanas reaccionaron con rapidez al recurso de Gambia, que cita los hallazgos de los investigadores de la ONU de que el Ejército birmano actuó con "intención genocida". La oficina de Suu Kyi ha dicho que asistirá a las vistas para "defender el interés nacional".
Tambadou se muestra contento de que tras varios años en los que Birmania ha rechazado tratar con organizaciones internacionales sobre su gestión de la crisis rohingya su iniciativa haya generado una respuesta tan fuerte.
"Estoy feliz de que destacados miembros del Gobierno estarán en el tribunal", comenta. "Demuestra la seriedad (...) con la que se están tomando este caso", resalta el ministro gambiano.