El censo, un instrumento adicional contra el retorno de los rohingyas a Birmania, según activistas

Los activistas denuncian que se trata de una medida segregacionista al ocurrir solo en el principal estado donde vive esta minoría

SITTWE (BIRMANIA), 19 Mar. (Reuters/EP) -

Los activistas y los líderes comunitarios de la minoría birmana de los rohingyas denuncian que el Gobierno de Birmania está empleando un censo especial en el estado natal de esta minoría musulmana, Rajine, para impedir el regreso al país de los integrantes de este grupo que se han visto obligados a escapar de la persecución a la que se encuentran sometidos por las autoridades.

A grandes rasgos, inspectores birmanos realizan mensualmente un recuento de habitantes en Rajine y tachan de la lista a los habitantes que no se encuentran en su domicilio.

Esta línea roja sobre los nombres declara como "ilegales" a los afectados podrían ser juzgados a su regreso, según la ley migratoria birmana. Aunque las autoridades han indicado que la lista que manejan todavía no está ratificada, sí advierten que quienes se encuentren en ella, una vez oficializada, tendrán prácticamente imposible su retorno.

Organizaciones de activistas locales denuncian que esta medida es una más de las "prácticas segregacionistas" que está imponiendo el Gobierno birmano contra esta población, sumada por ejemplo a la demolición de viviendas "no autorizadas", en lo que supone un intento para "despoblar" la región, en palabras de la relatora especial para los Derechos Humanos en Birmania de Naciones Unidas, Yanghee lee.

PÉRDIDA DE NACIONALIDAD

Otra de las medidas que ha despertado la preocupación de los activistas es la incorporación de un "documento de identidad temporal" que, sin embargo, nunca termina de acreditar a sus poseedores como rohingya. Su nombre oficial es Tarjeta Nacional de Verificación y es un documento que suele entregarse a extranjeros que van a pasar cierto tiempo en el país.

Para representantes de esta minoría, se trata de una trampa con la intención de privarles de los derechos que deberían tener como ciudadanos birmanos.

Muhamad Ismail, integrante de esta minoría musulmana, recuerda cómo las "tarjetas temporales" que recibieron los rohingya en los años 90 fueron anuladas por el Gobierno birmano en 2015, impidiendo que votaran en las elecciones.

LISTADO PROVISIONAL

El Gobierno birmano dice ser consciente de la tensión que genera este censo, efectuado durante los dos primeros meses de cada año, y ha declarado que la lista no es en modo alguno definitiva. De igual modo, las autoridades indican que no hay nada que temer en cuanto al carnet temporal de identidad, que está destinado en principio a incrementar sus derechos y libertades.

Sin embargo, los rohingya desconfían de estas intenciones desde el comienzo de la última ola de persecuciones que comenzó el pasado 9 de octubre cuando, en respuesta a un ataque armado de un grupo separatista musulmán, el Ejército comenzó una persecución contra los rohingyas, que se han visto obligados a escapar a Bangladesh.

Naciones Unidas dice haber leído informes que acusan al Gobierno de la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, de mirar hacia otro lado mientras los militares perpetran ejecuciones masivas y violaciones por decenas.

El Ejército jugaría un papel fundamental en el retorno. Aunque es el Gobierno quien está impulsando la distribución de los nuevos documentos de identidad, son en realidad los militares quienes se encargan de regular su aplicación, al entrar dentro del ámbito de la seguridad.

En este contexto, los rohingyas tienen miedo de volver aunque acabe esta persecución dado que la ausencia domiciliaria podría acabar desembocando en que podrían ser considerados inmigrantes ilegales a su retorno. "En Rajine", indicó la relatora de la ONU, "la ausencia del país está a punto de ser la única prueba legal de la existencia de un rohingya birmano, y espero que nunca sea el caso".

BIRMANIA NIEGA CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Sin embargo, el embajador birmano ante el Consejo de Derechos Humanos, Htin Lynn, ha asegurado que las acusaciones de crímenes contra la Humanidad no están verificadas y ha advertido de que es un discurso sesgado. Además, Lynn ha destacado que las operaciones en Rajine acabaron y el toque de queda ha sido flexibilizado recientemente.

"La situación en el estado de Rajine es de una naturaleza muy compleja y por consiguiente requiere de respuestas complejas. También requiere una mayor comprensión de la comunidad internacional", ha argumentado.

Así, ha explicado que los problemas relacionados con Derechos Humanos no se pueden resolver en un año, en referencia al tiempo que lleva Aung San Suu Kyi al frente del Gobierno de Birmania. Como ejemplo, ha mencionado que el número de presos políticos se ha duplicado hasta los 170 en ese mismo periodo.

El el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Raad al Husein, ha defendido la creación de una comisión de investigación de la ONU así como una investigación del Tribunal Penal Internacional para esclarecer lo ocurrido con los rohingyas.

En cualquier caso, es difícil que estas iniciativas salgan adelante porque el borrador de resolución del Consejo de Derechos Humanos redactado por la UE restringe cualquier investigación a la iniciativa de las autoridades birmanas.

LA MINORÍA MÁS PERSEGUIDA

La rohingya es una de las minorías más perseguidas del mundo. Desde 1978, los rohingyas han ido llegando a Bangladesh en varias oleadas, huyendo de la represión en su Birmania natal.

Según el departamento de la Comisaría de Repatriación de Refugiados Rohingyas (CRRR), cerca de 250.000 rohingya entraron en Bangladesh en 1978 huyendo de la Operación Dragón llevada a cabo por el Gobierno birmano, una operación cuyo objetivo era evaluar la situación de los habitantes en zonas fronterizas y tomar medidas contra los extranjeros que habían entrado de forma ilegal en el país.

Esta operación acabó con la expulsión y detención masiva de rohingyas, a los que no se consideraba ciudadanos. Entre 1991 y 1992 la ola fue similar: otros 250.000 musulmanes entraron a Bangladesh a través de las fronteras de Cox's Bazar y Bandarban, donde el Gobierno levantó 21 campamentos temporales para ellos.