PEKÍN 2 Ago. (Reuters) -
La justicia china ha condenado este martes al activista Zhai Yanmin a tres años de prisión, con la posibilidad de suspensión de la pena, tras haber sido considerado culpable de incitar a la subversión y la rebelión contra el Gobierno de Pekín.
Desde la llegada al poder del presidente del país, Xi Jinping, el Gobierno ha aumentado el control ejercido sobre numerosos sectores de la sociedad civil, alegando la necesidad de garantizar la seguridad y estabilidad nacionales.
Decenas de abogados y activistas relacionados con el bufete Beijing Fengrui, a cuyo cargo ha corrido la representación de altos cargos y personalidades de la vida pública china, han sido detenidos o encarcelados desde julio de 2015.
Las autoridades de la ciudad de Tianjin, en el norte del país, han informado de que Zhai Yanmin, de 55 años, "ha estado mucho tiempo bajo la influencia de fuerzas contrarias al Gobierno de China y que gradualmente ha adoptado una ideología revolucionaria y contraria al sistema establecido", según ha informado la agencia de noticias china Xinhua.
Zhai compartía a menudo informaciones contrarias al Gobierno y trabajaba con diferentes abogados, incluidos Zhou Shifeng y Li Heping, para "mermar sistemáticamente el poder estatal", según ha indicado la Fiscalía, que ha alertado de que este tipo de acciones "han dañado gravemente la seguridad nacional y la estabilidad social".
La suspensión que acompaña la sentencia implica que Zhai debe ser liberado, según ha señalado otro importante abogado de Derechos Humanos, Li Fangping, que considera que Zhai permanecerá estrechamente vigilado.
Varios grupos de activistas han denunciado que el activista no tiene acceso a su abogado y que está siendo representado por un letrado asignado por el Gobierno. Según Xinhua, las autoridades acusaron de subversión a Zhai debido a su papel ejercido durante las manifestaciones que han tenido lugar frente a centros de detención y juzgados en diversas ciudades del país.
La Fiscalía ha manifestado, además, que Zhai ha participado en actividades religiosas relacionadas con la iglesia ilegal de Hu Shigen, un activista que será llevado a juicio esta semana. Las autoridades, que rechazan cualquier tipo de crítica en relación a la situación de los Derechos Humanos en China, han señalado que el Gobierno se adhiere a lo establecido por la legislación y que aquellos que la quebranten deben ser castigados.
Las autoridades pusieron en julio en libertad bajo fianza a la abogada Wang Yu, que se encuentra a la espera de acudir a juicio por presunta subversión. El diario 'The Global Times' ha informado de que Wang ha manifestado "avergonzarse y arrepentirse" de sus actos. Sin embargo, los grupos de defensa de los Derechos Humanos han denunciado que la abogada podría haber sido obligada a declararse culpable.