PEKÍN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno chino ha sostenido este jueves que más de 30 años de políticas de reforma y apertura han permitido sacar de la pobreza a 700 millones de personas, lo que representa más del 70 por ciento de la reducción a nivel mundial.
Así se recoge en el libro blanco publicado este jueves bajo el título 'El Derecho al Desarrollo: Filosofía, Práctica y Contribución de China'. Según el mismo, la esperanza de vida media en el país pasó de 35 años en 1949 a 76,34 en 2015, una de las más elevadas de los países en vías de desarrollo.
Por otra parte, según el estudio, el nivel educativo en el país también ha aumentado mucho. En 1949, cuando triunfó la Revolución, más del 80 por ciento de la población era analfabeta y la tasa de escolarización era solo del 20 por ciento, mientras que en 2015 la tasa de escolarización en educación primaria era del 99,88 y del 87 por ciento en los últimos años de instituto.
En cuanto a la educación superior, según los datos del libro recogidos por la agencia oficial Xinhua, se acerca a los niveles de los países de desarrollo medio.
Por otra parte, el libro blanco indica que el desarrollo es la prioridad máxima del Partido Comunista de China (PCCh), así como la clave para resolver todos los problemas del país. En este sentido, sostiene que China está dispuesta a compartir su filosofía y su experiencia con la comunidad internacional y fomentar el sano desarrollo de los Derechos Humanos en el mundo.
Según explica el documento, China ha establecido un sistema integrado de legislación, desarrollo estratégico, planificación y protección judicial para garantizar el derecho de su pueblo al desarrollo y hace esfuerzos continuos por mejorarlo.
En este sentido, China ha promulgado e implementado una serie de leyes y normas para proteger el derecho al desarrollo de todos los ciudadanos, especialmente los de las minorías étnicas, las mujeres, los niños y los mayores, así como los discapacitados, de acuerdo con el documento.
Para garantizar este derecho, el Gobierno elaboró tres planes de acción nacional para los Derechos Humanos para abordar los problemas inmediatos de mayor interés para el público, además de planes de acción especiales en los ámbitos de la economía, la cultura, la sociedad y el medio ambiente. También ha diseñado un mecanismo de recurso judicial para prevenir y castigar infracciones contra el derecho del pueblo al desarrollo, precisa el documento.