China pide al TPI ser "objetivo y justo" tras la petición de orden de arresto para el líder de la junta de Birmania

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha reclamado este jueves al Tribunal Penal Internacional (TPI) que "mantenga una postura objetiva y justa" y que aplique el Derecho Internacional "de buena fe" tras la decisión del fiscal jefe de la corte, Karim Khan, de reclamar una orden de arresto contra el líder de la junta de Birmania, Min Aung Hlaing, por crímenes contra la humanidad, en particular por la persecución de la comunidad rohingya en el estado de Rajine (oeste).

"Siempre hemos pensado que el TPI debe mantener una postura objetiva y justa y ceñirse estrictamente a los principios de jurisdicción complementaria y cooperación internacional", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha pedido al tribunal que "ejerza sus poderes de forma prudente".

Así, ha manifestado que "el asunto en el estado de Rajine tiene un contexto histórico, étnico y religioso muy complejo que requiere medidas exhaustivas para una solución adecuada", antes de recalcar que Pekín, "como vecino amistoso de Birmania", está "siguiendo de cerca" la situación.

Mao ha defendido además que las autoridades del gigante asiático están dispuestas a "trabajar con la comunidad internacional para jugar un papel constructivo a la hora de estabilizar la situación y rebajar las tensiones", según ha recogido el portal chino de noticias The Paper.

La oficina de Khan atribuye al líder militar birmano, que gobierna el país asiático desde el golpe de Estado de febrero de 2021, una responsabilidad penal en delitos de deportación y persecución, en relación a abusos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Birmania, que él comandaba, entre agosto y diciembre de 2017.

La investigación se basa en testimonios y pruebas recabados durante estos últimos años y la Fiscalía ha querido expresar en su comunicado la "profunda gratitud" hacia la comunidad rohingya, obligada a huir en masa ante una persecución que, según constató en su día la ONU, tenía "intenciones genocidas" por parte de los militares. Alrededor de un millón de personas siguen a día de hoy en Bangladesh.