El CICR avisa a Israel que la privatización de la ayuda humanitaria nunca da buenos resultados

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MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, Pierre Krahenbuhl, ha pedido a Israel que reconsidere su decisión de suspender su vinculación con la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, y criticado su plan de privatizar el suministro de ayuda a la población de Gaza; un método que, a su juicio, nunca ha dado buenos resultados por la falta de neutralidad que implica.

El Parlamento israelí ha aprobado por una amplia mayoría una ley que suspende el trabajo de la agencia en Israel y toda vinculación con los responsables israelíes, con el consiguiente y enorme deterioro de su capacidad operativa en los territorios palestinos ocupados. Israel ha propuesto en su lugar asumir parte del dispositivo operativo de ayuda.

"Según nuestra experiencia, el uso de medios de seguridad privados en actividades humanitarias nunca ha sido un éxito rotundo. En la guerra, es precisamente la neutralidad, la imparcialidad de la ayuda lo que constituye la base de su capacidad para trabajar a través del frente y servir a las comunidades", ha manifestado Krahenbuhl en una entrevista al magacín Geneva Solutions.

"Está claro que Gaza es un lugar donde el CICR se está enfrentando a unas restricciones y a unos desafíos formidables, en términos operativos", ha añadido el responsable humanitario.

Krahenbuhl, quien fue en su día comisionado general de la UNRWA, ya avisó en abril que el CICR no puede sustituir la labor que hace la agencia de la ONU porque son "mandatos totalmente diferentes", según hizo saber en una entrevista concedida al diario suizo 'Le Temps'.

La agencia fue establecida en 1949 a raíz de la resolución 302 de la Asamblea General de Naciones Unidas, un año después de la creación del Estado de Israel y la posterior guerra en la región, para dar apoyo humanitario a los refugiados palestinos, trabajos que inició en mayo de 1950. Su mandato actual fue prorrogado hasta junio de 2026 ante la ausencia de una solución a la crisis.