La CIDH insta a Paraguay a proteger la vida de la niña de 10 años embarazada de su padrastro

BOGOTÁ, 10 Jun. (Reuters/EP) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Gobierno de Paraguay a proteger la vida de la niña de 10 años que se quedó embarazada tras ser violada por la pareja de su madre y a la que niegan la posibilidad de abortar.

La CIDH ha argumentado que la niña, identificada como Mainumby, corre peligro porque la probabilidad de que muera en el parto es cuatro veces mayor que la de un adulto. "Está en una situación grave, toda vez que su vida, salud e integridad personal estarían amenazadas", ha sostenido.

El organismo regional ha considerado que, en este contexto, Paraguay debe velar por el bienestar de la niña y garantizar que tiene acceso al tratamiento adecuado pudiendo participar, pese a su corta edad, de las decisiones médicas.

El caso de Mainumby ha reabierto el debate sobre el aborto en Paraguay, un país profundamente religioso que solo permite interrumpir el embarazo cuando la vida de la gestante corre peligro y no contempla excepciones en casos de violación o de que el feto sea inviable.

El ministro de Salud de Paraguay, Antonio Barrios, se ha posicionado "en total desacuerdo" con que la niña pueda abortar, alegando que cuando conocieron el caso estaba embarazada de 21 semanas y, para que fuera legal, la interrupción debía haberse hecho antes de las 20 semanas.

La postura de las autoridades paraguayas ha suscitado la crítica internacional. Varios relatores de la ONU han firmado un documento en el que han acusado al país sudamericano de incurrir en "graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña".

Amnistía Internacional, por su parte, ha afirmado que obligar a que la niña siga adelante con el embarazo "equivale a la tortura". "Es un tema de Derechos Humanos. La vida de la niña está en peligro grave", ha dicho Shelby Quast, directora de Igualdad Ya.

Paraguay tiene hasta este jueves para responder al fallo de la CIDH. Si no hace caso de las recomendaciones, el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal regional de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica.