La CIJ ordena a Birmania adoptar "todas las medidas posibles" para evitar un genocidio rohingya

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha ordenado a Birmania que "adopte todas las medidas que estén en su poder" para evitar que se produzca un genocidio contra la minoría musulmana rohinghya.

En este sentido, ha pedido que evite que las fuerzas de seguridad maten a miembros del grupo, les provoquen daños físicos o mentales graves, les sometan a condiciones de vida calculadas para provocar su "destrucción física en todo o en parte" e impongan medidas para evitar nacimientos de rohingyas. Además, el Gobierno deberá evitar la destrucción de cualquier prueba de dichos crímenes y preservar las existentes.

Además, el Gobierno birmano deberá presentar un informe en un plazo de cuatro meses detallando las medidas que ha adoptado para acatar el fallo, y seguirlo haciendo cada seis meses hasta que la CIJ emita su veredicto final.

La CIJ se ha pronunciado así tras la denuncia presentada por Gambia contra el Gobierno que dirige Aung San Suu Kyi por la represión contra los rohingyas y que había pedido medidas cautelares a la espera de que la corte dicte un veredicto.

El pasado diciembre, durante la vista preliminar, fue precisamente la propia Suu Kyi la encargada de defender la posición del Gobierno. La líder birmana ha sido duramente criticada por la campaña de sangrienta represión con que el Ejército birmano respondió en el verano de 2017 a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine. Como resultado de la misma, más de 700.000 de ellos se refugiaron en el vecino Bangladesh.

Campo de refugiados rohingyas en Myanmar - GETTY

La comisión de investigación de la ONU llegó a la conclusión un año después de que el Ejército birmano tuvo una "intención genocida" en su respuesta. "La necesidad militar nunca justificaría los asesinatos indiscriminados, la violación grupal de mujeres, la agresión a niños y la quema de localidades enteras", sostuvieron los investigadores de la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Así las cosas, y ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel interno en el país, Gambia, con su ministro de Justicia, Aboubacarr Tambadou, a la cabeza, presentó el pasado noviembre un recurso ante la CIJ denunciando a Birmania por incumplir la Convención sobre Genocidio que prohíbe esta práctica y de la que el país asiático es parte desde 1956.

UN CASO SIN PRECEDENTES

Esta es la primera vez que un país denuncia a otro sin una relación directa con los presuntos crímenes sustentándose en la Convención sobre el Genocidio. El paso, resultado de la implicación personal de Tambadou tras visitar los campos de refugiados rohingya en Cox's Bazar y su experiencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) por el genocidio de 1994 en el país africano, cuenta con el respaldo de 57 estados miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

La decisión de la CIJ es legalmente vinculante, si bien la corte no cuenta con medios para exigir su cumplimiento. Al margen de lo decidido este jueves, el tribunal --encargado de dirimir los contenciosos entre estados-- deberá pronunciarse ahora sobre si Birmania ha cometido genocidio, algo que podría llevar años.

Demostrar que se ha cometido genocidio no es fácil y hasta el momento solo se han reconocido tres casos desde la Segunda Guerra Mundial: el perpetrado por los Jemeres Rojos en Camboya a finales de los años 70; el de casi un millón de hutus y tutsis moderados en Ruanda en 1994; y el de los 8.000 hombres y niños musulmanes asesinados en Srebrenica, en Bosnia, en 1995. Precisamente, la CIJ ya falló en 2017 sobre este último caso, dictaminando que Serbia no cumplió con su obligación de impedir el genocidio.

"PASO TRASCENDENTAL"

Para el director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch (HRW), Param-Preet Singh, la orden de la CIJ es "un paso trascendental para evitar nuevas atrocidades contra uno de los pueblos más perseguidos del mundo. "Los gobiernos concernidos y los órganos de la ONU deberían ahora intervenir para que la orden se aplique mientras avanza el caso de genocidio", ha reclamado.

En opinión del director regional de Amnistía Internacional, Nicholas Bequelin, "la decisión de hoy envía un mensaje a los altos cargos de Birmania: el mundo no tolerará sus atrocidades y no aceptará ciegamente su retórica vacía sobre la realidad actual en el estado de Rajine".

Campo de refugiados rohingyas en Myanmar - GETTY

Según Bequelin, los alrededor de 600.000 rohingyas que permanecen este estado birmano "se enfrentan a un riesgo real de más atrocidades". "Hasta que todos aquellos responsables de graves violaciones, incluidos aquellos con responsabilidad de mando, rindan cuentas, estos crímenes atroces seguirán descontrolados", ha advertido.

En este sentido, el responsable de Amnistía Internacional ha reclamado que "el Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir de forma urgente la situación de Birmania al Tribunal Penal Internacional".

Independientemente de lo que ocurra en la CIJ, el resto de vías penales y judiciales no se agotan. Así, la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, recibió autorización para iniciar una investigación por crímenes contra la Humanidad, en particular la deportación forzosa de 740.000 rohingyas a Bangladesh.

La decisión se tomó después de que los magistrados del TPI confirmaran que el tribunal tiene jurisdicción, ya que el delito de deportación se completó en un Estado parte del Estatuto de Roma, Bangladesh, pese a que Birmania no sea firmante del mismo. El que Birmania no sea parte del TPI obliga a que, para iniciar un proceso sobre la situación de los rohingyas, tenga que ser el Consejo de Seguridad de la ONU el que remita el caso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.