Cinco cosas que se pueden hacer para proteger a migrantes, desplazados internos y refugiados ante la COVID-19

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MADRID, 24 May. (Por Hassiba Hadj-Sahraoui, responsable de asuntos humanitarios para temas de migración de Médicos Sin Fronteras) -

La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto desproporcionado en los más vulnerables del mundo. Entre ellos figuran los más de 70 millones de desplazados forzosos a nivel mundial --refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos-- así como los trabajadores migrantes, incluidos los migrantes indocumentados.

Muchos de estos hombres, mujeres y niños viven en campamentos formales e informales, centros de recepción o centros de detención. Otros viven en las calles en refugios informales. Muchos carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento o acceso adecuado a atención sanitaria, y muchos no tienen estatus legal.

La pandemia de COVID-19 exacerba y es exacerbada por las malas condiciones de vida. En estos lugares, las medidas preventivas a menudo no son posibles. ¿Cómo podemos pedir a la gente que se proteja a sí misma cuando no tiene un acceso fácil a agua o jabón? ¿O que se auto aísle cuando viven en tiendas de campaña atestadas al lado de otras diez personas?

Fréderic es un refugiado en Grecia: "En el campamento (de refugiados) vivimos cinco o seis personas por contenedor. Sé que no puedo impedir que la gente venga a ver a mi compañero de habitación y no tengo otra opción que hacer gestos a la gente para que se mantenga alejada".

El distanciamiento social es muy difícil, si no imposible, en campamentos superpoblados y en densos escenarios urbanos, donde las personas viven unas al lado de las otras en pequeños refugios con otros muchos familiares. Tener que hacer fila en los puntos de agua y comida aumenta el riesgo de contagio.

En muchos lugares, los desplazados viven inseguros, enfrentándose al riesgo de arresto o abusos y pueden verse estigmatizado como 'portadores de enfermedad' en un trasfondo de creciente xenofobia, acceso limitado a información fiable y en ocasiones dependen totalmente de la ayuda humanitaria. En muchas zonas, esa ayuda es limitada.

Además, en muchos lugares la pandemia se está usando como excusa para castigar a personas en desplazamiento y a aquellos que buscan atenderles. Al menos 167 países han cerrado total o parcialmente sus fronteras para contener la propagación de la COVID-19, 57 de los cuales no hacen ninguna excepción para las personas que buscan asilo, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La gente que busca seguridad y refugio está siendo rechazada en tierra y en el mar, a menudo devueltos o trasladados a países donde podrían enfrentarse a graves amenazas para su vida y libertad. Junto con el cierre de fronteras para limitar la propagación de la pandemia, muchos países también están denegando intencionadamente la entrada a solicitantes de asilo o impidiendo indirectamente su acceso.

Así que, ¿qué podemos hacer para proteger a estas personas especialmente vulnerables?

1. Debemos asegurarnos de que la COVID-19 no se usa como excusa para aplicar políticas de control migratorio mortíferas.

Los gobiernos no deben usar la pandemia como excusa para imponer políticas de control migratorio aún más restrictivas y evadir sus obligaciones internacionales con respecto a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Entendemos los graves desafíos que presenta la COVID-19, pero salvaguardar el bienestar de quienes están en tu país y respetar tus obligaciones internacionales hacia refugiados, solicitantes de asilo y migrantes no son principios mutuamente excluyentes.

2. Necesitamos garantizar que se respetan los Derechos Humanos.

Los gobiernos no deben usar las medidas de emergencia de salud pública por la COVID-19 para atacar a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Todas las restricciones sobre derechos deben ser estrictamente necesarias, basadas en pruebas científicas y no aplicarse de forma arbitraria o discriminatoria. Deben estar limitadas en su duración, respetar la dignidad humana, ser objeto de revisión, y ser proporcionadas. Los gobiernos también deben seguir permitiendo a las personas iniciar procedimientos legales para solicitar asilo.

3. Los confinamientos y las cuarentenas masivas no se pueden 'cortar y pegar' o aplicar de forma indiscriminada.

Estas medidas deberían aplicarse igual para todos y sin discriminación; la atención sanitaria, el apoyo social y psicosocial, y las necesidades básicas como comida, agua y otros bienes esenciales deben estar cubiertos para quienes están en cuarentena; y la cuarentena masiva debería evitarse donde sea posible. Obligar a la gente a vivir en campamentos superpoblados y sin medidas de higiene siempre fue irresponsable, pero ahora lo es incluso más que nunca, debido a la amenaza de la COVID-19.

4. Los desplazados en peligro deberían ser evacuados cuando sea posible.

Donde es posible, MSF está pidiendo la evacuación de refugiados vulnerables, solicitantes de asilo y migrantes. En Grecia, en las islas, MSF está pidiendo la evacuación de las personas más en peligro (mayores de 60 años y los que presentan problemas respiratorios, diabetes y otras complicaciones de salud) así como esfuerzos continuados para descongestionar los campamentos, incluido el reasentamiento de menores no acompañados y niños enfermos a otros estados miembro de la UE.

En Libia, MSF está pidiendo a la comunidad internacional y a los gobiernos europeos que pongan en marcha corredores humanitarios para la evacuación directa de los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo más vulnerables, expuestos a riesgos inminentes para sus vidas, incluidos los atrapados en centros de detención en todo el país y en otros lugares de cautividad.

5. Necesitamos salvaguardar el acceso a la atención sanitaria para todos.

Las medidas de control de la COVID-19 no deberían realizarse a costa del acceso urgentemente necesario a la atención sanitaria. Esto significa que los cierres de fronteras no deben impedir que los suministros urgentes de medicinas y humanitarios, así como al personal médico y sanitario, entren en los países. Además, los gobiernos deben garantizar que las restricciones en campamentos, lugares de recepción o de detención no impiden que la gente pueda acceder a atención sanitaria.