El CNE designa a la magistrada que investigará si la campaña de Santos recibió dinero de Odebrecht

BOGOTÁ, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, Alexander Vega, ha elegido a la magistrada Ángela Hernández Sandoval para que dirija la investigación en torno a las acusaciones que señalan que la campaña de Juan Manuel Santos para su reelección en 2014 estuvo financiada por la constructora brasileña Odebrecht, implicada en un escándalo de sobornos a nivel regional.

En entrevista con el programa 'Pregunta Yamid' de la cadena de televisión CM&, Vega ha señalado que el CNE abrirá dos investigaciones, una en torno a la implicación de Santos y otra, en torno a la de Óscar Iván Zuluaga, que estará dirigida por Carlos Camargo.

El presidente del ente electoral ha señalado que la investigación se ha abierto a raíz de la notificación de la Fiscalía, que le ha enviado copias de los testimonios que implican al mandatario con la empresa brasileña.

"Antes de entrar a demostrar un tema sancionatorio, primero se debe mostrar si efectivamente se omitió en el libros contables ese gasto o apoyo económico que se dio", ha señalado Vega, que ha indicado que investigará de la mano de la Fiscalía.

El fiscal general, Nestor Humberto Martínez, reveló el martes que había indicios de que la campaña para la reelección de Santos recibió un millón de dólares en concepto de financiación de Odebrecht.

Además, habría ingresado otros 65.000 euros al exsenador Otto Nicolás Bula, detenido por recibir más de cuatro millones de euros para que el gigante brasileño construyera la llamada ruta del sol.

El jefe del Ministerio Público ha aclarado este miércoles que no hay ninguna prueba documental de la supuesta financiación de Odebrecht a la campaña electoral de Santos y que toda la acusación se basa en el testimonio jurado de Bula.

De acuerdo con Bula, entregó el millón de dólares al gerente de la campaña electoral, Roberto Prieto, a través de una tercera persona, Andrés Giraldo, sin utilizar para ello ningún documento con el fin, precisamente, de no dejar rastro.

Prieto, por su parte, ha calificado de "infundadas, tendenciosas y calumniosas" estas acusaciones y ha asegurado que "nunca" ha compartido ni un café con Bula. El jefe de campaña ha subrayado además, en un comunicado, que se negó a recibir donaciones y que el esfuerzo electoral se financió solamente con los fondos de reposición que establece la ley.

El fiscal general ha explicado que ha remitido al investigación al CNE para que determine si se violaron las normas de financiación de partidos políticos, si bien el Ministerio Público retiene las pesquisas por otros delitos, entre los que ha mencionado blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y falsedad documental.

Uribe, principal rival político de Santos, ha considerado "sumamente graves" dichas acusaciones pero se ha negado a hacer declaraciones al respecto hasta que haya más información, dado que se trata de "un tema muy delicado". "No es prudente que yo dé ahora declaraciones", ha estimado.

El escándalo de Odebrecht ha salpicado también al Centro Democrático, el partido político fundado por Uribe. Se sospecha que habría financiado igualmente la campaña electoral de su candidato presidencial para 2014, Óscar Iván Zuluaga.

CASO ODEBRECHT

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.

Odebrecht ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región.