Colombia confirma la orden de arresto a Maldonado, cabecilla del desfalco de Interbolsa

BOGOTÁ, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez 54 de control de garantías ha avalado la solicitud presentada por la Fiscalía General y ha ratificado la orden de captura contra el empresario Víctor Maldonado Rodríguez, el cabecilla del desfalco de Interbolsa, que ha llegado este mismo viernes por la mañana a Colombia extraditado desde España para enfrentarse a un juicio por su presunta responsabilidad en uno los mayores escándalos financieros de los últimos años.

El juez 54 de garantías ha argumentado que todos los procedimientos judiciales que llevaron a la extradición de Víctor Maldonado y su llegada al país "se llevaron a cabo bajo la legalidad", tal y como informa la emisora colombiana Caracol Radio. "No hay ninguna evidencia que diga que se haya violado los derechos al señor Maldonado", ha apostillado.

Maldonado, reclamado por las autoridades colombianas por los delitos de estafa agravada y continuada, se enfrentará a una audiencia judicial en la que la fiscal del caso insistirá para que el acusado cumpla prisión preventiva y no detención domiciliaria, tal y como ha informado el fiscal general, Eduardo Montealegre, según el diario colombiano 'El Espectador'.

El empresario, de doble nacionalidad española y colombiana, fue detenido en Madrid el pasado 26 de marzo y permanecía en prisión preventiva.

Maldonado, accionista mayoritario de una sociedad ubicada en Bogotá, ofrecía productos financieros en el exterior a inversores colombianos y está acusado de desviar el dinero depositado en esos fondos por más de 1.200 clientes, a empresas vinculadas a él mismo y sus socios --algunas fuera de Colombia--, causando un daño patrimonial cercano a los 350.000 millones de pesos colombianos (más de 114 millones de dólares).

El próximo 7 de diciembre la Fiscalía General lo acusará formalmente por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada y negativa de reintegro. Si es declarado culpable, el empresario se expone a una pena de entre 12 y 15 años de prisión, según ha explicado el fiscal general.