NUEVA YORK, 27 Sep. (Reuters/EP) -
El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, ha afirmado este sábado que el país necesitará una inversión "significativa" por parte de la comunidad internacional para financiar el eventual acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"La paz está más cerca de lo que nunca ha estado en cinco décadas, pero habrá costos", ha sostenido en una entrevista concedida a la agencia británica de noticias Reuters. Así, ha apuntado que el Gobierno presentará una estimación de gastos en un plazo de seis meses.
Pese a que Cárdenas no ha querido adelantar una cifra sobre el montante de ayuda que podría reclamar Bogotá, sí ha subrayado que ésta será "significativa", defendiendo que el apoyo internacional generará beneficios fuera del país, incluyendo una posible reducción del tráfico de drogas.
Colombia ya ha gastado una cantidad significativa de su presupuesto, alrededor de un uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), en reparaciones a las víctimas del conflicto, ha desvelado el ministro.
Las estimaciones más conservadoras apuntan a un aumento del uno por ciento en el crecimiento económico anual del país como consecuencia del acuerdo, si bien Cárdenas ha sostenido que el mismo podría alcanzar el 1,5 por ciento.
En algunas regiones más afectadas por la violencia, algunos estudios muestran un crecimiento de hasta un cuatro por ciento, ha manifestado, añadiendo que, sin embargo, los efectos no serán inmediatos y que podría llevar tres o cuatro años que la economía se expanda, impulsada por la agricultura, la minería y el turismo.
"Ese es uno de los principales impactos de la solución del conflicto en Colombia. Aquellas áreas en realidad podrían ser productivas", ha dicho Cárdenas, recalcando que las agencias de calificación podrían mejorar sus perspectivas para el país en el futuro debido al acuerdo.
CONVERSACIONES DE PAZ
El Gobierno y las FARC suscribieron el miércoles en la capital de Cuba, La Habana, un acuerdo que crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.
Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.
Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.