BOGOTÁ, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno colombiano se ha mostrado en contra de la extradición de Hemer González, supuesto guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perseguido por delitos de narcotráfico por un tribunal de Florida.
El Diario Oficial ha publicado este miércoles una resolución ejecutiva del Ministerio de Justicia en la que se paraliza la extradición de González, autorizada el año pasado, a la espera de saber si se trata de un miembro de las FARC.
El pasado 30 de noviembre, el Gobierno dio luz verde a la entrega de González a la Corte del Distrito Medio de Florida para juzgarlo por introducir 15,2 toneladas de cocaína en Estados Unidos en un barco que fue interceptado por la Guardia Costera en 2007.
La defensa interpuso un recurso de reposición para que se frenara la extradición de González, ya que, como miembro de las FARC, podría beneficiarse de la Ley de Amnistía e Indulto aprobada el pasado 30 de diciembre como parte del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla.
El Ministerio de Justicia ha suspendido el proceso de extradición de González y ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que aclare, en base a la información suministrada por las FARC, si González es uno de sus guerrilleros.
"La concesión de extradición (... ) solo podrá hacerse efectiva en caso de que no sea acreditado como integrante de las FARC (...) o cuando, habiendo sido acreditado como integrante de las FARC, quede en firme la providencia de la sección de revisión del Tribunal para la Paz en la que se establezca que la conducta atribuida fue cometida después de la firma del acuerdo final", reza el Diario Oficial.
Este podría ser el primer caso en el que se aplica el acuerdo de paz para un caso de narcotráfico, aunque para ello la justicia transicional deberá determinar primero si el tráfico de drogas guarda relación con el delito de rebelión.
De acuerdo con dicha ley y con las normas internacionales, solo pueden amnistiarse los delitos políticos y conexos. Este tema ha suscitado una enorme polémica en Colombia porque, si bien será la Jurisdicción Especial para la Paz, la que determine caso por caso cuándo deberá considerarse conexo el delito de narcotráfico y, por tanto, amnistiable, el 'uribismo' alerta de que sería como amnistiar al "cartel más grande de Colombia".