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REUTERS
Actualizado: sábado, 13 agosto 2016 9:00

WASHINGTON 13 Ago. (Por José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de HRW) -

"Lo peor es no poder tener un bebé", explicaba Andrea a Human Rights Watch (HRW) cuando la entrevistamos en 2002. Andrea describía su tiempo como una niña de 11 años en las filas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Dos años antes de entrevistarla, tan sólo con 12 años, miembros de las FARC interrumpieron su embarazo contra su voluntad, después de asegurarle que sólo querían comprobar su estado de salud. Antes de abandonar su departamento la semana pasada, el ahora exfiscal general de Colombia Jorge Fernando Perdomo anunció los resultados de una investigación llevada a cabo por su departamento sobre violencia sexual en el movimiento de la guerrilla de las FARC.

La Fiscalía había documentado 232 casos en los que niños y niñas en las filas de las FARC había sufrido abusos sexuales a manos de los guerrilleros, entre ellos 214 niñas que fueron objeto de violaciones, esterilizaciones forzadas, abortos obligados y otras formas de violencia sexual.

Su departamento también halló supuestas pruebas de que los actos de violencia sexual no eran incidentes aislados, sino una política de la guerrilla dictada por los altos mandos.

Estos terribles hallazgos deberían plantear preocupaciones en Colombia y en otros lugares, a la luz del acuerdo de justicia que el Gobierno y las FARC alcanzaron el pasado mes de diciembre como parte de sus conversaciones de paz.

El acuerdo permite a los responsables de atrocidades como estas pasar un solo día en prisión por sus crímenes. En su lugar, los perpetradores que confiesen serán sujetos de discretas restricciones mientras trabajan en proyectos para ayudar a las víctimas de los abusos de las FARC.

Pero estas sanciones, que se asemejan más a castigos a realizar servicios comunitarios que sentencias de prisión formales, parecen sorprendentemente desproporcionadas si se tiene en cuenta la gravedad de estos terribles crímenes contra niños.

Pero más preocupante es, quizás, que el acuerdo de paz también incluya una definición confusa de "responsabilidad de mando", un principio clave del Derecho internacional humanitario, que podría usarse para permitir a los altos mandos de las FARC para evitar responsabilidades por atrocidades cometidas por soldados bajo su control, a menudo según abusivas políticas desarrolladas por ellos mismos.

Las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC son una oportunidad para poner fin a estos abusos, incluyendo la violencia sexual contra niños que fueron reclutados por la fuerza. Pero es difícil de creer que violaciones de los Derechos Humanos graves no volverán a ocurrir si a aquellos que llevaron a cabo estas atrocidades, como los que violaron a niñas vulnerables y las obligaron a abortar, se les permite escapar sin ningún castigo significativo.

Este artículo se publicó originalmente aquí: https://www.hrw.org/news/2016/08/11/colombia-sexual-violence...

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