MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados defensores del comandante del Ejército de Resistencia del Señor Thomas Kwoyelo han comenzado este viernes a entrevistar a los testigos de su cliente, imputado por 78 cargos de crímenes de guerra y contra la Humanidad durante su participación en las operaciones del grupo rebelde entre 1994 y 2005 en el norte de Uganda.
El LRA, fundado por Joseph Kony, actualmente a la fuga, se encuentra ahora mismo escindido en decenas de grupos que actúan más bien como bandas criminales, fue conocido en su momento como uno de los grupos rebeldes más sanguinarios del continente africano.
Formado en 1987, tras el derrocamiento del presidente Tito Okello, de etnia acholi, por el actual presidente, Yoweri Museveni, el grupo comenzó sus actividades como un grupo insurgente hasta convertirse en un movimiento extremista cristiano al que se le atribuyen los secuestros de más de 50.000 niños ugandeses para su reclutamiento forzado dentro de un espectro de atrocidades que incluyen asesinatos en masa, mutilaciones, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Kwoyelo, capturado por fuerzas ugandesas en 2005 en República Democrática del Congo y formalmente imputado en 2009, se ha pasado los últimos 14 años bajo detención a la espera del juicio que ya ha comenzado en el Alto Tribunal de la División de Crímenes Internacionales en Gulu, una suerte de equivalente nacional al Tribunal Penal Internacional de La Haya.
El comandante está acusado de violar la Ley de los Convenios de Ginebra de 1964 de Uganda por cargos de asesinato premeditado, secuestro y destrucción generalizada de propiedad en las localidades ugandesas de Amuru y Gulu, así como ataques como el efectuado en 1994 contra la población de Abera, donde sus fuerzas asaltaron varios domicilios civiles antes de proceder a torturar, mutilar y secuestrar a una decena de civiles, según el pliego de cargos recogido por el 'Daily Monitor.
Kyowelo, que dice contar con medio centenar de testigos listos para defenderle, ha argumentado que él mismo fue secuestrado por rebeldes del LRA cuando era pequeño, y denunciado que su caso tiene claras connotaciones de persecución política ya que ha visto rechazada una petición de amnistía que sí fue concedida a casi 13.000 antiguos miembros del LRA.